Pleno resolvió objeción del Ejecutivo sobre paraísos fiscales

Jueves, 24 de agosto del 2017 - 16:52 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El Pleno de la Asamblea se allanó a las disposiciones reformatorias primera, segunda, (numeral uno) cuarta y sexta y se ratificó en los textos aprobados por la Legislatura en cuanto a los artículos 2, 8 y 9, observados por el Ejecutivo, en el proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero de 2017, referente al impedimento para que funcionarios públicos y representantes de elección popular puedan tener bienes de cualquier naturaleza en países considerados como paraísos fiscales.

La votación se realizó en  dos partes. La primera, sobre el allanamiento  registró una votación de 100 afirmativos, 20 negativos y dos abstenciones; y, la ratificación, 102 votos positivos, 12 negativos 0 blancos y  siete abstenciones.

La norma viabiliza el mandato popular expresado en febrero pasado para que los funcionarios públicos y autoridades de elección popular no tengan bienes o capitales en países considerados paraísos fiscales. Si quieren ingresar en una institución pública o intervenir en la actividad política deberán traer los recursos al Ecuador.

Excluye de esta excepción a becarios, funcionarios del servicio exterior y los candidatos a asambleístas por las circunscripciones del exterior, cuya residencia corresponda a una jurisdicción de esta naturaleza.

En tanto, el texto original al Artículo 8 dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) sean quienes procedan a la destitución de las autoridades ejecutivas de los mismos. Para otros funcionarios esa responsabilidad la ejercerá la Contraloría General del Estado. La Comisión aclara que el aporte del Ejecutivo dejaba suelto el procedimiento a seguir en el caso de los gobiernos locales.

Otro de los textos ratificados se relaciona con la destitución de autoridades. El proyecto propone que, en el caso del Presidente y Vicepresidente de la República, así como de asambleístas, sea el Parlamento el que ejerza esta atribución constitucional, si tuvieran bienes en paraísos fiscales y no los hayan repatriado. El veto establecía que sea la Corte Constitucional, en contradicción con la norma suprema.

Debate

En el debate de esta objeción, la asambleísta Rosa Orellana, al considerar acertadas las observaciones del Ejecutivo, dijo que este proyecto se convierte en una herramienta básica en contra de la lucha contra la corrupción, por tanto es indispensable su aprobación para iniciar con los pasos necesarios para su aplicación, como la elaboración de su reglamento.

Mientras que Lira Villalva fue crítica con quienes se opusieron a esta Ley. Recordó que hubo una historia en donde algunos ecuatorianos tuvieron recursos en paraísos fiscales, sin que los “vivarachos” paguen un solo centavo de impuestos al Estado. Recalcó que esta lucha fue una promesa de campaña del presidente Lenín Moreno, en el sentido de hacer una cirugía mayor a la corrupción.

Luis Fernando Torres cuestionó al proyecto, que un principio no reunía los requisitos de una buena ley, a la que se incluyeron múltiples excepciones. “El proyecto tenía deficiencias conceptuales y se incluyeron aclaraciones para que no se viole la seguridad jurídica”, afirmó.

El vicepresidente de la Comisión de Justicia, Franklin Samaniego, dijo que esta norma no es casual y se construyó de manera colectiva. Resaltó que el pacto ético termina hoy con esta Ley, que entregarán al país para combatir la elusión fiscal. “El aporte del colegislador permitió corregir el texto original, por eso nos allanamos a cuatro de las objeciones y nos ratificamos en tres de ellas”, añadió.

Fernando Flores, representante de los migrantes, dijo que en el numeral dos, dentro de las excepciones, se atenta contra quienes viven fuera del país, por razones políticas.

Augusto Espinosa, aseguró que esta Ley es el primer paso en la dirección correcta para combatir la corrupción. “Hay que complementar esta normativa con otra, para que a quienes ocupen cargos públicos de alto nivel se les imponga un límite en su patrimonio”.

En esta discusión intervinieron siete asambleístas. El presidente de la Asamblea, José Serrano, suspendió la sesión, con un punto pendiente, relacionado con el tratamiento del proyecto de resolución para declarar el 11 de septiembre como el día de la República.

RSA


 

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