Cerca de 50 representantes de asociaciones de piscicultura acudieron hoy a la Comisión de Soberanía Alimentaria para presentar insumos en el proceso de elaboración de la nueva de Ley de Pesca y Acuacualtura.
Censo del sector piscicultor a escala nacional, apertura para la comercialización de los productos acuícolas (sobre todo trucha y tilapia) en mercados internos, potenciar el turismo comunitario, reconsideración de la tasa de uso de agua para pequeños y medianos piscicultores, implementación de dependencias administrativas cantonales y provinciales, así como creación del seguro de vida constituyen las principales demandas de los acuacultores.
María del Pilar Ochoa, vocera de la Asociación de Piscicultores de Cañar, explicó que no existe una definición en el marco legal que diferencie entre pequeño, mediano y gran productor. Para Santiago Chamorro, del Carchi, el patrón que debe considerarse para estas categorías es la producción, no la extensión del territorio.
De ahí que solicitan la elaboración de un censo nacional, a fin de contar con datos reales del sector acuícola a escala nacional. Carla Crespo, de Tungurahua, señaló que con base en la designación de pequeños, medianos o grandes productores se debe establecer la tasa de impuesto para el uso del agua, ya que “actualmente pagamos una tasa correspondiente al sector industrial”.
Expresó que hace diez años la provincia contaba con 50 unidades acuícolas de producción de trucha y tilapia. Hasta la actualidad, ha crecido, de forma considerable, a 560 unidades, con una producción de 700 toneladas métricas de trucha y tilapia, al año, con una comercialización in situ y paraderos turísticos. Dos mil 500 familias de Tungurahua se benefician con los ingresos de la comercialización.
Crespo indicó que los piscicultores de pequeña y mediana escala son excluidos en la Ley de Pesca de 1974, cuando, en realidad, son generadores de desarrollo productivo en el país, con deberes y derechos.
La deficiencia de la calidad de la semilla de trucha, supresión de unidades de acuacultura en la provincia y escasez en la distribución de alimento balanceado son otras problemáticas del sector.
Además, los representantes coinciden en el fomento de investigaciones de otras especies bioacuáticas para la crianza y producción, sin que estas causen daño en el ecosistema acuático.
Marcia Arregui, representante de Los Ríos, mencionó la asignación de créditos con un tiempo considerable de gracia, a fin de que los piscicultores puedan aumentar la producción y mejorar los mecanismos técnicos para esta actividad.
El turismo comunitario desarrollado por los pequeños y medianos piscicultores constituye una importante fuente de ingresos. En este sentido, la asambleísta mencionó que es una actividad que se debe dinamizar.
Ricardo Zambrano, titular de la mesa legislativa, resaltó que las recomendaciones de los comisionados serán considerados en la nueva de Ley de Pesca, con un articulado específico para el sector de la piscicultura.
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