En la Legislatura el primer debate del proyecto de reformar a la Ley de Educación Superior (Loes) produjo versiones encontradas y también coincidencias, como necesidad de fortalecer la calidad y ampliar la matrícula.
“No hay maestros ni maestras ecuatorianas que hayan dejado su vocación por vanidad material”. Con esta afirmación empezó su intervención Teresa Benavides, representante de Manabí.
Aseguró que la Loes constituye un gran referente de educación superior para la región latinoamericana. “Entre otros aspectos, ha democratizado el acceso a la educación superior, brindando garantías de equidad, justicia y calidad de la educación a partir del mérito académico de los jóvenes ecuatorianos”.
Expuso que el cuerpo legal debe contemplar una ampliación de cobertura educativa para estudiantes de bajos recursos económicos. Citó datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), donde se evidencia que las causas para no cursar una carrera no solo son los recursos económicos insuficientes, sino la falta de establecimientos educativos cercanos, cupos limitados y falta de orientación vocacional.
Por eso, recomendó el trabajo conjunto entre los órganos de educación superior para garantizar el acceso a la educación. Señaló que en 2016 la gratuitad en la universidad pública permitió que el 72 % de estudiantes sean las primeras generaciones en sus familias que acceden a esta educación.
Yofre Poma, representante de Sucumbíos, afirmó que el 1.85 % del Producto Interno Bruto (PIB) se destina a la educación superior, comparado con el 0.8 % de años pasados, lo cual significa un gran avance en la materia.
Indicó que la región amazónica es un territorio con condiciones particulares. Las seis provincias de la Amazonía representan casi el 50 % del territorio nacional, con alrededor de 800 mil habitantes. Es decir, “apenas el 5 % de la población vive en el 50 % del territorio nacional”, precisó. “Si bien existen la Universidad Regional Amazónica (IKIAM) y la Universidad Estatal Amazónica, no son suficientes para la cobertura educativa en la región”, aseveró.
En este contexto, propuso que a partir de los dos años de la aprobación de la reforma se cree una universidad en la región amazónica con una educación de alta calidad, con un campus en Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona Santiago, “a fin de sembrar el desarrollo frente a tanta necesidad en la región”.
La segunda alude a la consolidación de un sistema de admisión universitaria con categorías especiales de acuerdo a la condición de vida, realidad geográfica y acciones propositvas de los jóvenes aspirantes.
Luis Fernando Torres, por Tungurahua, indicó que 47 de cada 100 estudiantes ecuatorianos se educan en universidades particulares. En este sentido, cuestionó por qué a través de la Loes se maltrata a estas universidades que albergan a casi la mitad de estudiantes en el país.
Propuso reformar el artículo 161, referente a la prohibición de fines de lucro de las universidades, con lo cual está de acuerdo. Sin embargo, precisó que este artículo, lejos de prohibir los fines de lucro, contempla mecanismos de persecución y control a las universidades privadas, restando su autonomía.
Además, mencionó que la disposición transitoria 28 otorga un plazo a las universidades para cumplir las medidas de acreditación. “Pero, se encuentran en un punto que no pueden operar por las multas que deben pagar”.
“Estas son formas de doblegar y triturar a las universidades particulares”, señaló.
Finalmente, se refirió al artículo 77. Para el asambleísta se confunden las becas que se otorgan por excelencia académica, con becas por situación económica. Subrayó que las universidades no son casas de asistencia económica.
Datos
Según la Senescyt, la universidad ecuatoriana en los últimos cinco años registra avances: una inversión de 2.12 % del PIB para la educación superior, la más alta de la región. Además, un incremento en la matrícula de los estratos más pobres, que pasó de 33 % a 66 %.
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