En la ciudad de Ambato se inició el proceso de análisis y socialización del proyecto de Ley Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, a cargo de la Comisión Ocasional, presidida por la asambleísta Mónica Alemán.
Al Centro Cultural Eugenia Mera se dieron cita delegados de la Red Intercultural de Mujeres Amazónicas (Rima), estudiantes y docentes de las universidades Técnica de Ambato y Católica, del Colegio San Alfonso, organizaciones sociales, representantes de las municipalidades, de las juntas parroquiales, comunidades indígenas, del Parlamento Gente, del movimiento LGBTI. También estuvieron presentes pobladores de Chimborazo y Pastaza.
Compromiso
Mónica Alemán mencionó que las dos propuestas entregadas por el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y del Presidente de la República han sido fusionadas en un solo proyecto, mismo que esperan que se apruebe el 25 de noviembre, día emblemático de la lucha por la erradicación de la violencia.
"El acercamiento a la población en territorio es para conversar, mostrar los elementos fundamentales de la propuesta y, lo que es más, construir colectivamente la ley, a fin de asumir la corresponsabilidad ante una grave problemática social", expresó.
Mientras, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, vicepresidente del organismo, consideró que la lucha contra la violencia a la mujer es un compromiso de toda la socieda. "Es de imperiosa necesidad cambiar los patrones culturales de la población", acotó.
"La prevención, atención a víctimas, protección y reparación son los puntos claves del documento legal", resaltó la legisladora Marcela Holguín.
Hay que juntar los mayores esfuerzos para lograr una convivencia pacífica, una sociedad sin miedo, de respeto mutuo, libre para opinar, fue el criterio de las asambleístas Lira Villalva y Tanlly Vera.
La total convicción de la Comisión es que el verbo a predicar es erradicar, pues en el tema de violencia a la mujer no cabe la palabra mitigar o disminuir, según Pabel Muñoz, quien señaló que junto a la ciudadanía se debe hacer eco del clamor a nivel del país y de América Latina: "ni una menos" y "vivas las queremos".
La voz ciudadana
Cecilia Chacón, viceprefecta de Tungurahua, demandó una justicia proactiva y oportuna, articulación de los protocolos de las instituciones, sistemas menos burocráticos para atender denuncias de violencia contra mujeres, niños (as), adolescentes y proteger sus derechos.
Comentó que la población ambateña cuenta con una médico perito, que labora de lunes a viernes. Sin embargo, los conflictos de violencia, casi siempre, se producen los fines de semana, tras indicar que en el hospital hay múltiples casos de menores abusados sexualmente. En lo que va del año el sector ha superado el 30 % de violencia intrafamiliar.
Para Alejandro Arroba, del área de jurisprudencia de la Universidad Católica, antes que crear una nueva ley, es mejor potenciar la institucionalidad existente, en especial el Código Penal, estableciendo los delitos de violencia económica – patrimonial. Instó a articular la gestión de las entidades dedicadas al tema de violencia y sus procedimientos.
Esthela Morante, de la Rima, propuso mejorar los sistemas de justicia, definir tratamientos especializados y constantes para las familias que sufren de violencia. Alertó que bajo los efectos del alcohol y las drogas, en la mayoría de casos, se dan los maltratos y los femicidios, hecho que merece una respuesta contundente al respecto en la ley.
Deisy Muñoz, del Parlamento Gente, pidió que se fortalezca la justicia en el espacio rural: "debemos determinar mecanismos efectivos para concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre la problemática para desterrar el machismo".
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