En el Austro recogieron sugerencias para proyecto de ley que pretende erradicar violencia contra la mujer

Jueves, 05 de octubre del 2017 - 15:09 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Mejores mecanismos para la celeridad, gratuidad y accesibilidad a la justicia es lo que pidieron las representantes de algunos colectivos y organizaciones de mujeres en Cuenca. Ellas acudieron a la ciudadanización del proyecto de Ley Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, a fin de expresar sus criterios y sugerencias.

Las intervenciones estuvieron marcadas por la experiencia vivida desde el sector público, la dirigencia ciudadana, indígena, política, estudiantil, así como desde la vivencia de víctimas y familiares. Desde ahí, otros temas que se plantearon fue sobre la inclusión de una especificidad para la justicia indígena, presupuesto, cambio de patrones culturales, mayor participación ciudadana, entre otros.

Sonia Salamea, del Frente de Familiares Víctimas del Femicidio, felicitó por la propuesta, que se aprobará el 25 de noviembre, como lo sugirió José Serrano, presidente de la Asamblea. Pidió que los casos por femicidio no prescriban. Aseveró que a pretexto de la carga procesal y falta de equipos técnicos la justicia demora, por lo que pidió que se cambien los procesos para que haya celeridad y gratuidad.

La participación indígena estuvo representada por Asensio Pinguil, del Frente de Indígenas del Pueblo Cañari, así como de Vicenta Chuma, exdirigenta de la Ecuarunari. Hablaron de la diferencia que existe entre la justicia ordinaria e indígena y la atención que debe tener esta última. Pinguil propuso, además, que se conformen consejos de líderes o sabios dentro de la justicia para que sirvan de guías a las comunidades. También que se realicen capacitaciones en los lugares más apartados.

La jueza Soraya Quintero habló desde su experiencia en el sector público y como funcionaria de carrera. Dijo que las medidas administrativas contempladas en el proyecto para evitar la violencia de género no funcionan en casos de emergencia, sino solo cuando la víctima se encuentra empoderada y ha denunciado su caso. Propuso, más bien, que se incluyan medidas judiciales o un procedimiento paralelo que tenga como finalidad evitar la amenaza y vulneración.

En cuanto al Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, en que se integran más de 20 instituciones, Bernarda Ordóñez, de la Fundación Equitas, solicitó que se incluya también la participación ciudadana. A su vez, Bety Tola, de Mujeres por la Vida, sostuvo que el conjunto de entidades es muy grande y esa extensión, a veces, no permite el nivel de efectividad que se espera.

Tola fue de la idea que se incorpore un título sobre la participación ciudadana. Manifestó que el desafío es el empoderamiento de las mujeres. En cuanto a los mecanismos de prevención, que es un eje central en la norma, indicó que todavía hay un debate largo. Afirmó que se debe analizar cómo incidimos en los cambios culturales, que no solo se debe desarrollar desde el Ministerio de Educación, sino también desde los medios de comunicación y las redes sociales.

Las víctimas y familiares que expusieron sus casos enfatizaron en la falta de atención y celeridad de la justicia.

 

05 de octubre de 2017 - Comisión Ocasional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres

 

LILA/pv

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