Una institucionalidad débil en el control y garantía de derechos es lo que revela la Comisión Aampetra, mientras conoce más casos de abuso sexual. Hasta el momento suman once que transformaron la vida de cerca de 400 víctimas, según Silvia Salgado, presidenta de la mesa ocasional.
Esta comisión, creada por el Pleno para que investigue casos de abuso sexual en niños y adolescentes, se propuso evaluar la legislación y la política pública que existen sobre este tema, así como plantear soluciones que permitan fortalecer el sistema de protección y ejercicio de derechos. Además, dará seguimiento a casos que se presenten y busca alternativas de reparación de derechos.
Un nuevo caso se presentó hoy. Víctimas de abuso sexual en una academia de ballet de Quito pidieron el control a estas instituciones, sanción a los culpables y reformas legales para que estos casos no prescriban.
Silvia Salgado manifestó que están pidiendo información a diferentes instancias para que expliquen cómo se regulan y controlan estas academias deportivas, artísticas, culturales, entre otras, en donde debería haber protección de derechos. Además, a las víctimas les ofreció dar seguimiento y asesoría. Los asambleístas plantearon llegar hasta las últimas consecuencias para sancionar a los culpables y buscar alternativas de reparación.
Sin embargo, fueron más allá. Proponen soluciones estructurales. Este tema también lo hablaron con los máximos representantes del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Carlos Muñoz, presidente de la entidad, y los parlamentarios se comprometieron a revisar la legislación, entre ella un proyecto de Ley del Sistema de Protección y Promoción, presentado por el Consejo.
Muñoz pidió que se dé sustento legal para que los Consejos de Igualdad sean los organismos que coordinen los diferentes sistemas de protección. En la actualidad brindan asesoría a todas las Funciones del Estado y a las 159 juntas de protección de derechos cantonales, dirigidas por los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, considera que hace falta una articulación.
En cuanto a las acciones que ha emprendido el consejo, motivo por el cual fue llamado a la comisión, Muñoz explicó que se han formulado, transversalizado y observado políticas públicas, se han realizado seguimientos de casos y se ha trabajado en el fortalecimiento de los organismos de protección en territorio.
A nivel nacional, esta entidad registra veinte casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, de ellos nueve en el sistema educativo, en el cual está incluido el caso Aampetra. Los técnicos del consejo manifestaron que en el seguimiento existe una coordinación permanente con la Judicatura, Fiscalía, consejos y juntas cantonales de protección de derechos y ministerios.
Se refirió, además, a campañas para la erradicación de la violencia sexual, publicaciones y rutas de reparación de derechos. En este último tema señaló que existe una débil articulación de los organismos de protección para responder integralmente a los casos, que los mecanismos de seguimiento son frágiles y que el enfoque de respuesta se limita a la sanción, sin atender como prioridad a la víctima y su entorno.
Precisamente, la conclusión de Silvia Salgado fue que se evidencia una institucionalidad débil en coordinación, articulación y resultados. Ella está convencida de que cada organismo no debe ir por su lado. Además, cree que hace falta perfeccionar la política pública y aumentar el compromiso de las instituciones.
“El mundo de los chicos es estar en la casa, en los barrios, en el transporte público, en el colegio. Necesitan tener escenarios de derechos, de tranquilidad y seguridad. Esto no pasa por lo que haga un ministerio, sino por una articulación (de instituciones)”. Se refirió a políticas de prevención y cuando sucedan los hechos tener instituciones a donde las víctimas puedan acudir con confianza.
Cuestionó el alto número de casos que han quedado en la impunidad en el Consejo de la Judicatura, donde las sentencias no llegan ni al 10 %. Este organismo será llamado a la mesa para que explique el tema y qué medidas ha tomado para resolverlo. También sobre la protección a las víctimas durante los procesos.
LILA/pv
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