Esta mañana los legisladores de la Comisión de Régimen Económico sesionaron para avocar conocimiento del proyecto para la Regulación de Créditos para Vivienda y Vehículos, así como el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, conocieron el informe de Ejecución del Presupuesto General del Estado.
Con respecto al primer proyecto, el proponente, Esteban Melo, explicó los alcances de su propuesta. Según dijo, luego de la crisis inmobiliaria en España se detectó que era necesario reformar la ley actual para brindar más garantías a los ecuatorianos afectados por el tema de las hipotecas, con el objetivo de blindar la posibilidad de que las deudas hipotecarias contraídas en el exterior puedan ser cobradas en Ecuador.
Uno de los problemas encontrados es que se permite que los créditos de consumo sirvan para pagar deudas de viviendas que se quedaron con el banco y, tal como está la ley, se da paso a que esto suceda. La mecánica es sencilla, pues el banco refinancia la deuda, con lo que ya no se trata de un crédito hipotecario, sino de consumo. Por ello la propuesta está encaminada a que no se pueda cobrar ninguna deuda de origen hipotecario o que esté atada a este tipo de obligación.
Contratación Pública
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En otro tema, también abordaron las propuestas de las legisladoras Mónica Alemán y María Mercedes Cuesta, con respecto al proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Son tres proyectos presentados bajo este lineamiento, por lo que la decisión es unificarlos. “Es momento de apostarle a un nuevo modelo de contratación pública”, dijo Cuesta, al hablar del proyecto de Ley para la Mitigación de la Corrupción en la Contratación Pública. Además, explicó que es innegable que la ley actual incluya avances como la eficiencia operativa, que sintonizó al país en los procesos tecnológicos que demanda la organización, pero también eliminó barreras de control y de todos los procedimientos regulares, lo que dio paso a la corrupción. |
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Lo que este proyecto pretende, entre otras cosas, es que se elimine la contratación directa de empresas públicas entre sí, las actividades de comunicación, que los procesos sean abiertos y no dirigidos a empresas de un determinado país, que todos los contratos públicos tengan una cláusula en donde el contratista declare bajo juramento que no existen intermediarios o agentes que reciban valor alguno para la obtención de dicho contrato.
MC/pv
