Revisión de las compras públicas, campaña comunicacional y sanción clara fueron las conclusiones a las que llegó la Comisión del Derecho a la Salud, luego de escuchar los argumentos de Juan Carlos Galarza, de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa); Diego Tipán, del Ministerio del Interior; y Fátima Flores, del Servicio Nacional de Aduanas, sobre el control de medicamentos caducados y falsificados.
Una vez que fuera público el ingreso al país de toneladas de medicamentos caducados, falsificados, adulterados, inclusive que podrían haber sido simulados como medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades, con amenazas para la salud de los ecuatorianos, la comisión decidió pedir testimonio de las autoridades competentes para tomar medidas y evitar que estos hechos se vuelvan a repetir.
Por unanimidad, la comisión exhortó al Ministerio de Salud Pública y demás instituciones competentes para que revisen la metodología para el control de la calidad de medicamentos y de compras públicas e informar a este organismo.
Asimismo, decidió convocar a los directivos del Servicio Nacional de Compras Públicas y de Arcsa para que informen el proceso de compra de medicamentos y los controles de calidad que se aplican.
Exhortó, también, al Sercop la creación de una comisión interinstitucional que incluya a los organismos competentes del Estado, a fin de revisar el mecanismo de compras públicas de medicamentos, en donde la comisión de salud actúe como veedora.
Otras de las acciones que la Comisión realizará es la de solicitar al Ministerio de Salud, Arcsa y Ministerio del Interior fortalecer las campañas de información sobre la compra adecuada de medicamentos por parte de la ciudadanía.
Requerirá a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura que remitan toda la información relacionada con procesos judiciales, sentencias condenatorias ejecutoriadas, reparación integral a las víctimas, procesos en trámite por el delito previsto en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal relativo a medicamentos falsificados, caducados o adulterados.
Juan Carlos Galarza, director Ejecutivo de Arcsa, hizo un diagnóstico de la problemática de los medicamentos falsificados y explicó que en los cuatro operativos realizados con la Policía fueron detenidas 17 personas, de las cuales dos se encuentran en prisión.
Indicó que visitan una vez al año las farmacias. Además informó que en los controles que se realizan en el sector de las Bahías y lugares donde se vende de manera irregular medicinas han podido identificar los productos que no tenían registro sanitario. Dio a conocer que hay dos enfoques de falsificación: el uno, en temas que tienen un factor psicológico, como medicamentos para adelgazar, vigorizantes, curatodos, abortivos, y los otros son productos de alto costo como oncológicos.
Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, al informar de qué manera la Policía Nacional articula las acciones con Arcsa, destacó que hay que trabajar en procesos preventivos y no reactivos.
Sostuvo que si se revisa la normativa penal, la adulteración de medicamentos no está tipificada como un delito. “La Ley penal nos permite solamente actuar ante los tipos que ella permite”, dijo.
Explicó que la Policía actúa cuando existe la presunción de un delito, según lo dispone el artículo 217 del Código Integral Penal.
Senae
Fátima Flores, de Aduanas del Ecuador (Senae), informó que la institución forma parte de un plan integral en la lucha contra el contrabando y la defraudación.
Indicó que para el control que realiza la Senae en medicina se cumplen tres etapas: anterior, concurrente y posterior. La anterior es la que se realiza antes de que llegue la mercancía al puerto, antes de que el importador declare la que va a traer. Lo hacen a través del manifiesto de carga y solicitudes de traslado que pueden ser a través de una inspección intrusiva o no intrusiva.
El control concurrente se da una vez que se hizo la declaración aduanera. Esta se da a través del sistema ecuapas, en el cual se determina un control de aforo, que puede ser automático como parte de la facilitación del comercio exterior; un aforo intrusivo, que es el físico; o un aforo documental, que es la revisión de toda la documentación que tiene que ir junto a la declaración aduanera.
El control posterior son las coordinaciones que se hacen en conjunto no solo con Arcsa, sino también con el Servicio de Rentas Internas, Aduanas y Ministerio del Interior. Tanto es así que se ha hecho un comunicado sobre la creación de una unidad de delitos tributarios y aduaneros, donde se trabaja respecto al control de medicina.
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