Expertos internacionales apoyan proyecto para erradicar la violencia contra la mujer

Lunes, 23 de octubre del 2017 - 17:09 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

“¿Por qué hace falta regular una violencia contra las mujeres?”, consultó Juan Llorente, delegado del gobierno español para la violencia de género adscrito al Ministerio de Igualdad. Las respuestas fueron muchas. El propio Llorente contó que cada diez minutos una mujer es asesinada en el planeta por su pareja o expareja. En Ecuador, este delito ya suma 137 víctimas en lo que va de año.

Esta última cifra la dio a conocer Mónica Alemán, presidenta de la Comisión Ocasional que estudia el proyecto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Este tema convocó al investigador español y a otros personajes internacionales para que expongan sus puntos de vista frente a esta iniciativa legal.

Se pronunciaron al respecto Claudia Ramírez, abogada colombiana especialista en derecho público; Esperanza Martínez, senadora paraguaya; Marianela Paco, exsenadora de Bolivia; y Christine Brendel, ex directora regional del programa ComVoMujer, Perú. Todos consideraron que la iniciativa es fundamental para romper estructuras de desigualdad entre hombres y mujeres que generan violencia.

“Es una violencia normalizada para defender valores, ideas. Se hace para corregir a las mujeres y, como hombre, te veas reforzado a través de esas conductas”, explicó Llorente. Pero para él hay otro factor que genera este tipo de cultura: la pasividad social. Por ello llamó a la sociedad a involucrarse y a acabar con el machismo y la violencia que genera. “No hay neutralidad con la violencia”, remarcó.

Para llegar a este lugar, el camino es tortuoso. Lo advirtieron las otras expositoras. Esperanza Martínez y Marianela Paco señalaron las dificultades que enfrentaron en Paraguay y Bolivia para aprobar una ley contra la violencia a la mujer. Superarlos es un reto. La primera considera que las estrategias de acercamiento con los sectores que apoyan y cuestionan es fundamental, mientras que la segunda suma otros elementos: el apoyo político y el valor moral.

Martínez aseguró que la lucha se gana con una argumentación justa, entre ella, la jurídica. Demostró que la Constitución de Ecuador, otras leyes y acuerdos internacionales respaldan la posición del proyecto de ley, que no plantea la descomposición de la familia. Al contrario, dijo, la defiende, pero en el marco de la convivencia pacífica, del respeto y en igualdad de derechos.

De esa mala interpretación del proyecto y sus conceptos habló también Paco. “Prepárense para las acusaciones”, resaltó. En Bolivia anotó que tuvieron que enfrentar, incluso, oposición desde su propia bancada. Pero, “el respaldo político es la clave”, expresó.

“El proyecto, en definitiva, recoge lecciones aprendidas en leyes anteriores en el continente, contempla las violencias que viven las mujeres en los diferentes ámbitos, aborda el problema de manera integral, incorpora las diferentes expresiones de violencia, entre ellas, la simbólica, algo que todavía no se ha incluido en la legislación colombiana”, explicó Claudia Ramírez. Indicó que la violencia simbólica naturaliza la subordinación de las mujeres en la sociedad.

Según la especialista, la norma tiene que ser clara en la institucionalidad que prevé para que pueda sustentar los cambios que propone.

Tanto Ramírez como Martínez saludaron que el cuerpo legal retome el objetivo inicial de la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, adoptada en Belém do Pará, en 1994. El proyecto que trata la Asamblea incorpora esas categorías y los mecanismos para enfrentarlos.

Ese planteamiento, de acuerdo con Brendel, permite que Ecuador construya una Ley de segunda generación, sobre todo, porque aborda esta violencia de una manera integral. Pero, pidió estar vigilantes en cuanto al tema del presupuesto. Hizo algunas precisiones sobre la terminología que se usa en la propuesta y referencia al costo-beneficio de no tratar este asunto.

Manifestó que la violencia contra las mujeres tiene un costo a nivel individual, familiar, empresarial y de Estado. Señaló que estudios demuestran que el costo ascendería, por lo menos, a más del 5 % del Producto Interno Bruto.

LILA/pv

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