Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Ocasional Aampetra, informó que los 29 casos denunciados en esta mesa fueron remitidos a la Fiscalía para que continúe con la indagación. El reporte de los mismos se presentó ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en el cual se detalló el nombre de la institución, la autoridad responsable, el hecho y el estado en el que se encuentran, tanto en el ámbito administrativo como judicial.
En una reunión conjunta con el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, con la presencia de representantes de varias instituciones y organizaciones sociales, Salgado presentó los avances sobre el encargo de la Asamblea de investigar casos de abuso sexual en unidades educativas del país y determinar la existencia o no de acciones administrativas o judiciales de procesos puestos bajo su conocimiento.
“El informe final está en construcción, pues faltan desarrollar algunas acciones en cuanto a comparecencias e investigaciones”, señaló. Por ejemplo, se espera la presencia de Carlos Baca, fiscal de la Nación, para que informe qué han desarrollado en los casos denunciados en esta entidad.
Según un cuadro comparativo que presentó, desde 2014, en el Ministerio de Educación se reportan 885 denuncias por delitos sexuales. Sin embargo, en la Fiscalía y Consejo de la Judicatura aparecen 714. De ahí que recomendó la necesidad de que estas instituciones se articulen.
De los casos de abuso sexual en colegios y escuela, 383 han sido sancionados por el nivel superior y los otros se han caducado en sumarios administrativos. En estos hechos, la Parlamentaria considera que se debe investigar en qué nivel está la responsabilidad, tomando en cuanta el sistema desconcentrado que maneja el Ministerio de Educación.
Explicó que las autoridades educativas son las primeras que tienen que denunciar a la Fiscalía. Si no lo hicieron, “¿de quién es la responsabilidad?, ¿del rector o del ministro?”, preguntó. “La segunda instancia es la junta distrital, que sanciona, y solamente en los casos en los que se apela, pasa al nivel central”, agregó.
Uno de los casos conocidos en el ámbito central fue el de Aampetra, que sucedió en 2010. “Cuando el exministro Augusto Espinosa asumió esa cartera, en mayo de 2013, el proceso estaba judicializado”, según Salgado. Informó que existen dificultades para encontrar datos antes de 2014 y que recién en 2013 se ha propuesto el primer protocolo para erradicar este problema.
Propuestas
Después de este primer diágnósitico, Salgado hizo referencia a la necesidad de plantear reformas normativas para establecer un sistema integral de protección de derechos, de articulación interinstitucional para construir un proceso expedito para el juzgamiento de estos delitos, fortalecer los procesos de control sobre las instituciones públicas y privadas, y solucionar la caducidad de las acciones administrativas y judiciales.
Además, propuso atención y acompañamiento inmediato a las víctimas, restitución y reparación de derechos, promover un pacto por la educación con el criterio de solidaridad intergeneracional, entre otras medidas.
“Este es el momento de sumar esfuerzos y establecer una hoja de ruta por los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, sostuvo Franklin Samaniego, presidente del Grupo Parlamentario por los Derechos de estos sectores sociales. Ese fue, precisamente, el objetivo del encuentro conjunto entre el legislativo, instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Cree que entre todos deben impulsar acciones.
LILA/pv
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