María José Carrión pedirá al Procurador revise el contrato y ejecución de Quito Cables

Jueves, 23 de noviembre del 2017 - 16:16 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Luego de un recorrido por las zonas que atravesará el proyecto Quito Cables, en el noroccidente de Quito, María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, anunció que oficiará a todas las instituciones públicas encargadas del control de los fondos públicos, particularmente a la Procuraduría del Estado, a fin de que revise el contrato y la ejecución de este proyecto. Sobre esta propuesta pesan varias denuncias, no solo porque afectaría a la población que no fue consultada, sino por la posible existencia de irregularidades.

María José Carrión, junto a Homero Castanier, vocal del organismo legislativo, y delegados de la Defensoría del Pueblo, del Servicio de Contratación Pública, Sercop y del Ministerio de Educación, efectuó un recorrido por los barrios donde se instalarán las estaciones de Quito Cables. El objetivo fue constatar el avance de la obra y las posibles afectaciones que produciría en la población, ya que el trazado aéreo cruzaría sobre zonas pobladas e, inclusive, sobre una institución educativa, lo cual sería muy peligroso para la ciudadanía.

La titular de la Comisión de Fiscalización destacó la necesidad de que las autoridades de control cumplan su deber de velar por el correcto uso de los recursos públicos. “Este es un tema ciudadano y la ciudadanía merece respeto del Alcalde y de las autoridades”, añadió, al indicar que se volverá a oficiar al Primer Personero Municipal, a fin de que envíe la información y transparente el proceso de contratación del proyecto Quito Cables.

Dijo que hay algunos elementos que llaman la atención sobre el proyecto. “Queremos saber si este fue un proyecto concebido en el país o si, como parece, hubo algún direccionamiento hacia una empresa en particular. “Debemos construir obras que mejoren la vida de las personas, que generen desarrollo, que involucren a la comunidad, no que la perjudiquen”, recordó.

Explicó que se trata de una obra que costaría 44 millones de dólares, con graves afectaciones a la población, mientras existen otras alternativas de conectividad, como la ampliación de la avenida Machala, que tendrían un costo aproximado de 17 millones de dólares.

De su lado, el asambleísta Homero Castanier aseguró que la Comisión ha tomado con responsabilidad el trabajo fiscalizador. “Hoy vinimos a tratar de sentir un poquito lo que ustedes sienten, lo que ustedes sentirán con la ejecución de esta obra”, agregó.

Subrayó que las obras, más allá del partido político que las proponga, deben servir a los ciudadanos, que sean obras de real beneficio. “Vamos a evaluar todas sus preocupaciones y tomaremos las decisiones que contribuyan a buscar una salida adecuada a la situación que están viviendo”, concluyó.

EG/pv

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23 de noviembre de 2017 - Comisión de Fiscalización

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