La Comisión Ocasional Aampetra escuchó nuevos casos de abuso sexual en menores y se comprometió a darle el seguimiento en la parte judicial, de atención y de reparación de derechos. Al mismo tiempo, entregará a los miembros de la mesa y a los familiares un informe de todo lo realizado hasta el momento. Entre esas acciones se han judicializado 80 casos que han caducado en la vía administrativa, para que la Fiscalía inicie la investigación.
“Somos parte procesal, es una denuncia en la que nos hacemos responsables”, aclaró Silvia Salgado, presidenta del organismo. Informó a los familiares de las víctimas, a autoridades de la justicia, otras instituciones y organizaciones que estuvieron presentes, que la Asamblea aportará con todos los documentos a los que puede acceder para que sean parte del proceso. Dijo que el objetivo, además de que los responsables paguen, es ejecutar acciones para sentar precedentes.
Eso fue lo que pidieron los familiares de los niños y adolescentes ultrajados: respuestas y que el tema no se politice.
Otro de los puntos en los que trabajará la Comisión, según Salgado, es en la estructuración de reformas legales para crear una institucionalidad, en la que cada entidad tenga claro sus responsabilidades. Esto, en vista de que se han identificado “obstáculos normativos que impiden la falta de celeridad, de especificidad, tratamiento adecuado a las víctimas y otros casos de falta de protección”.
Dentro de esas reformas, desde el Consejo de la Judicatura, Francisco Bonilla puso en el debate la posibilidad de que, frente a estos hechos, se pueda juzgar a la persona en ausencia. Esto porque, recordó, que en el caso de una de las víctimas, que se dio a conocer hoy, se habría suspendido tres veces la audiencia de juicio por la falta del procesado.
Además, se analizará la situación del sistema educativo. Silvia Salgado explicó que, de acuerdo con los datos que disponen, se establece que el 48 % de los casos de abuso sexual en entidades educativas se habrían producido en el sector privado, lo que evidenciaría que hay problemas con las políticas del ente rector, que deben llegar no solo a las entidades públicas.
Más acciones
En los próximos días, la Comisión llamará a comparecer a Rossana Alvarado, ministra de Jusitica, como integrante de la Comisión Interinstitucional creada por el Ejecutivo, para que informe las medidas que han llevado a cabo. También está prevista la presencia de Carlos Baca Mancheno, fiscal general, con el fin de que señale las acciones que se han realizado desde esta institución.
Desde los legisladores hubo el pedido de que se llame a Verónica Espinosa, ministra de Salud, para que explique las decisiones adoptadas para la atención a las víctimas de abuso sexual, así como a Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, sobre las medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato para la defensa de derechos humanos.
LM/pv
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