El asambleísta Raúl Auquilla, representante de la provincia de Loja, presentó un proyecto de reformas a la Ley de Defensa del Consumidor. La propuesta busca establecer un procedimiento donde se pueda ejercer la acción popular para investigar y sancionar las infracciones en esta materia.
Explicó que el proyecto lo presentó en razón de que no existe un sistema adecuado de control y sanción para los infractores de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
El parlamentario señaló que la facultad otorgada a la Defensoría del Pueblo únicamente es informativa y patrocinadora. Esta no puede sancionar o investigar de oficio o a petición de parte temas relativos a la afectación de los derechos de los consumidores.
En este marco, propuso que el Ministerio de Industrias y Productividad o su similar sea la entidad autorizada y competente encargada de aplicar la ley. Para ello, ejercerá control, vigilancia y juzgamiento administrativo. También se le otorgará la facultad de reglamentar los procesos correspondientes para garantizar la recepción y trámite de denuncias, además de las normas del debido proceso, de forma desconcentrada en todo el territorio nacional.
Esta entidad, según el proyecto, receptará las denuncias y gestionará las mismas de conformidad con el trámite administrativo establecido en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Para realizar controles de oficio, la autoridad competente elaborará el reglamento correspondiente que permita iniciar los procesos contra el presunto infractor.
Además, señala que en caso de presentarse denuncias maliciosas y temerarias, la autoridad competente sancionará al denunciante con una multa de dos salarios básicos unificados del trabajador.
Planteó, también, que sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrá iniciar demanda judicial cuando sus intereses resulten afectados o amenazados.
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