La objeción parcial del proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se resolverá este miércoles, 10 de enero de 2018, en la sesión convocada por José Serrano Salgado, presidente del Parlamento, para las 10h00.
La Comisión Ocasional que tramita este tema aprobó el informe no vinculante el pasado 4 enero, en el que se recomienda al Pleno la votación por bloques: uno para ratificarse en algunos artículos aprobados por el Pleno y otro para allanarse a las recomendaciones del Ejecutivo.
Lenín Moreno, presidente de la República, observó veinte artículos, dos considerandos y ocho disposiciones reformatorias, la mayoría, según el vicepresidente de la mesa, Juan Cristóbal Lloret, son de forma y en ellos decidieron allanarse. Los parlamentarios consideraron que los textos mejoran la redacción del documento o los complementa.
Ratificación
El artículo dos es uno de los temas en el que la Comisión recomienda insistir. Este hace referencia a la finalidad del proyecto, que es la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la transformación de patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia.
En la medida de reparación tuvo reparos el Régimen. En el documento hace referencia a la definición que hace el Código Integral Penal (COIP) a este tema y, por tanto, indica que se debe eliminar esa palabra y ser reemplazada por la responsabilidad que tiene el Estado de brindar servicios y programas para las víctimas de violencia.
El equipo asesor del órgano legislativo explicó que el proyecto se circunscribe en el marco legal de los derechos humanos. Si se basa únicamente en el COIP resultaría restrictivo. Los asambleístas decidieron ratificarse en el texto original, es decir, en el derecho a la reparación.
Tampoco dieron paso a la sugerencia del Ejecutivo para cambiar el artículo 5. El Pleno aprobó que es obligación del Estado promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres y estableció que estas obligaciones deben constar en el Plan Nacional de Desarrollo, así como los otros de ámbito regional y local. Los mismos se garantizarán a través de un plan de acción específico incluido en el presupuesto del Estado.
En el veto, el Ejecutivo argumenta que la propuesta contraviene la Constitución, porque esta prohíbe la creación de preasignaciones presupuestarias distintas de las destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados y a los sectores como salud y educación. Sin embargo, los legisladores se ratificaron en su texto al señalar que no se incluye ningún porcentaje y que lo que busca este artículo es que la Ley no se quede en el papel.
Allanamiento
En cambio, uno de los temas importantes que se allanaron tiene que ver con una de las atribuciones del ente rector de salud, referente al acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial y sin discriminación a las mujeres con aborto en curso. En el proyecto aprobado por la Asamblea se determina que se brindará atención integral en los casos establecidos en el artículo 150 del COIP.
Pero, para la Función Ejecutiva este último planteamiento “no es compatible con el espíritu de la ley y carece de lógica citar el Código Orgánico Integral Penal que se limita a cuestiones punibles”.
LILA/pv
