La Comisión de Biodiversidad tratará dos proyectos de Ley de Gestión de Riesgos, de iniciativa de las asambleístas Silvia Salgado y Ana Belén Marín. Ambas propuestas buscan que Ecuador cuente con políticas públicas en esta materia y un Sistema Nacional Descentralizado que garantice una adecuada prevención, reducción de riesgos, atención, respuesta y recuperación, en caso de que el país se vea afectado por desastres naturales o antrópicos.
La Comisión de Biodiversidad avocará conocimiento de las dos propuestas este jueves a partir de las 08h00, según convocatoria de la titular del organismo legislativo, Johanna Cedeño.
La legisladora Silvia Salgado en el documento señaló que Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. Existen más de 250 volcanes continentales y casi 300 volcanes en las islas Galápagos, cercanía al océano, circunstancias que lo hacen vulnerable a fenómenos marítimos como El Niño y La Niña, entre otros, añadió
Igualmente, afirmó que a ello se suma la falta de planificación de asentamientos humanos y el incumplimiento de códigos urbanísticos y de construcción, lo que implica amenazas con altos índices de vulnerabilidad ante desastres.
Según Salgado, es necesario convertir la problemática de gestión de riesgos en una política pública prioritaria, la cual ya fue incluida en el marco constitucional como parte del régimen del buen vivir, estableciendo como responsabilidad estatal la protección de las personas, las colectividades y la naturaleza de los efectos negativos de los desastres, para lo cual se estableció, además, la creación de un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos.
De su lado, Ana Belén Marín recordó que pese a los constantes riesgos existentes que enfrenta nuestro país, no existe una ley específica de gestión de riesgos o de desastres conforme los compromisos adquiridos en acuerdos internacionales.
La parlamentaria es partidaria de tratar la gestión de riesgos como un eje transversal en la planificación del desarrollo para el Buen Vivir. Por tanto, en su propuesta plantea garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural y antrópico, entre otras, fortalecer el ordenamiento territorial y avanzar en la gestión integral de riesgos.
Sostuvo que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados deben incluir la identificación de amenazas, niveles de riesgo para asentamientos humanos e infraestructura, así como evaluación de medidas de gestión de riesgos.
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