Con la premisa de que no se pueden restringir los derechos de las mujeres y con el criterio de que el proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no es de naturaleza penal, sino que se circunscribe en el ámbito de los derechos humanos, la Comisión Ocasional que estudió este cuerpo legal recomendó al Pleno ratificarse en algunos textos del veto presidencial. Quieren, además, que la norma sea eficaz.
Juan Cristóbal Lloret, vicepresidente de la comisión, explicó al Pleno que, para que la Ley sea eficiente, la protección de la mujer debe estar contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados y en un plan de acción específico incluido en el Presupuesto General del Estado. Así lo aprobó la Asamblea y en ello sugirió insistir, a fin de que se prioricen recursos para atender esta problemática.
El Ejecutivo vetó este tema y argumentó que la Constitución prohíbe la creación de preasignaciones presupuestarias distintas de las destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados y a los sectores como salud y educación. Sin embargo, Lloret especificó que el Pleno no planteó un porcentaje, por lo que no generó una preasignación presupuestaria.
Sobre derechos, el legislador sugirió que el Pleno se ratifique en la obligación de reparar a las víctimas de violencia, como una finalidad del proyecto, puesto que el mismo se enmarca en el ámbito de los derechos humanos. El Régimen sugería que se elimine la reparación y se remplace por la responsabilidad que tiene el Estado de brindar servicios y programas para las víctimas de violencia, según la definición que hace el Código Orgánico Integral Penal.
“La reparación es uno de los ejes fundamentales de la ley, son muy claros”, dijo tras precisar que los otros tienen que ver con la prevención, protección y atención.
También pidió que se reitere en que la rectoría del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conformado por dieciséis entidades, esté a cargo del Ministerio de Justicia, a través de un ente específico que se encuentre al frente de la articulación y seguimiento de las políticas, planes, programas y mecanismos para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Allanamientos
“La Comisión estudió treinta objeciones, algunas de forma”, dijo Lloret. En estas recomendó dar paso a las sugerencias del Ejecutivo, puesto que la mayoría son de forma, mejoran la redacción y aclaran el espíritu del proyecto. También propuso allanarse a otras observaciones que permiten una mejor armonía con otras leyes.
Los allanamientos tienen que ver con las atribuciones del ente rector de educación, salud, trabajo, de comunicación e información, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre otros temas.
LILA/pv
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