La legisladora Brenda Flor, como autora del proyecto de reformas a la Ley del Régimen Especial de Galápagos, explicó en la Comisión de Biodiversidad que la propuesta aclara el enfoque de la normativa al marco constitucional, a fin de asegurar el bienestar de la población, al encontrar un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.
Dijo que para estructurar el proyecto se realizaron mesas de diálogo en todas las islas que conforman la provincia de Galápagos, es decir, hubo un trabajo inclusivo y participativo con diversos actores. Se trabajó con 118 organizaciones, de las cuales 24 son de Isabela, 37 de San Cristóbal y 57 de Santa Cruz.
Brenda Flor mencionó que el proyecto está enfocado en cinco ejes, entre ellos la protección y vigilancia de las áreas protegidas de Galápagos; derecho de acceso preferente para los residentes permanentes, régimen migratorio, régimen de inversión, y, políticas públicas especiales para la provincia.
La Ley actual no prevé principios de seguridad y certeza jurídica para las inversiones futuras y las ya realizadas en el Archipiélago. “Esto resulta necesario si se quiere pasar a un modelo de desarrollo sostenible donde es ineludible la incorporación de tecnologías eficientes en los diferentes sectores productivos de las islas, pero reforzando las condiciones de acceso preferente a favor de los residentes permanentes”, agregó.
La legisladora precisó que la ausencia de una correcta instrumentalización de acciones afirmativas, así como las incongruencias dentro del régimen de migración y residencia han generado dificultades en el control del crecimiento demográfico en la provincia y en prevenir nuevos asentamientos humanos por parte de las autoridades competentes. Esto resulta insostenible para la conservación y desarrollo sustentable del Archipiélago.
El asambleísta Henry Moreno sostuvo que las reformas se refieren casi a la totalidad de la Ley. Por ello sugirió hacer un estudio comparativo, a fin de determinar los cambios y preparar una nueva normativa que acoja las propuestas y requerimientos de sus pobladores.
De su lado, el parlamentario Yofre Poma, vicepresidente de la comisión, sostuvo que debemos proteger el Archipiélago de Galápagos, todo su patrimonio y estructurar una ley en función de las necesidades de sus habitantes y cuidando la biodiversidad.
Los parlamentarios mencionaron que la provincia de Galápagos constituye un territorio bioestratégico con un alto valor social por los beneficios que generan en la población local a partir de las áreas protegidas.
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