En el marco del estudio y formación del informe para segundo debate del proyecto de Ley de la Circunscripción Territorial Amazónica, la Comisión de Biodiversidad escuchó a los representantes de la Casa de la Cultura Núcleo de la Amazonía, quienes solicitaron que en el artículo 64 se establezca que el 6 % del Fondo Común se destine a financiar proyectos de carácter ambiental y cultural.
Según su propuesta, las actividades en el área cultural se planificarán y ejecutarán en convenio con los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura de la región amazónica.
También planteó que el presidente nacional de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, o su delegado, formen parte de la Comisión de Planificación de la Circunscripción Territorial.
De su lado, Luis Lluglla, coordinador de las mancomunidades provinciales amazónicas, dijo que no es necesario que la normativa se apruebe hasta el 12 de febrero, pues lo importante es construir un documento que se ajuste a la realidad de cada una de las provincias amazónicas.
Mencionó que Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago no cuentan con extensiones universitarias, particular que debe ser considerado en el proyecto de ley. También sugirió que previo a la aprobación del informe para segundo debate se realice una nueva socialización en territorio.
Sobre este particular, el asambleísta César Solórzano afirmó que la normativa legal se construye desde el período anterior y es hora de que la Amazonía tenga una ley que permita el desarrollo equitativo de las seis provincias.
Manifestó que todos los legisladores que representan a la Amazonía aspiran que en cada provincia existan extensiones universitarias. “Todos unimos esfuerzos para que este particular se haga realidad y se entreguen recursos para el desarrollo equitativo”, subrayó, al expresar que para ello plantean que las empresas que operan en las provincias amazónicas paguen sus impuestos en las localidades donde desarrollan su actividad.
A su vez, el vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, Yofre Poma, resaltó la importancia de la participación de diversos sectores en el estudio del proyecto. “Es una ley orientada a garantizar el desarrollo humano, el mejoramiento de la calidad de vida, el respeto a los derechos de la naturaleza, la conservación de sus ecosistemas, su desarrollo sostenible, así como el cuidado de su biodiversidad, el patrimonio cultural y la memoria social”, destacó.
En cambio, la viceprefecta de Napo, Marlene Cerda Shiguango, sostuvo que es necesario revisar las atribuciones de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, ya que aparentemente habría doble control en la ejecución de proyectos, por un lado la Contraloría y por otro la Secretaría.
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