Las mujeres del país: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, ya cuentan con una norma que las proteja de todo tipo de violencia. La Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada por la Asamblea Nacional, se publicó en el Registro Oficial, es decir, ya está en vigencia. Haga clic para ver la Ley.
Con la norma, se crea un Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra ese sector social. Lo integrarán 16 instituciones del Estado, que, de manera coordinada y articulada, trabajarán en la prevención, protección, atención y reparación de víctimas.
Para ello, se obliga al Estado a garantizar los derechos de las mujeres, a través de un plan de acción específico, que deberá estar incluido en el presupuesto del Estado. Es decir, se garantizan los recursos para que sea viable la norma.
En cuanto a los ejes de acción, a través de la prevención se buscará eliminar patrones socioculturales y estereotipos mediante mecanismos de sensibilización y concienciación.
Sin embargo, cuando una mujer ya ha sido violentada, el Estado prestará atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica, de manera especializada, integral, inmediata y gratuita. También se aplicarán medidas administrativas de protección, como boletas de auxilio, a través de las tenencias políticas y las juntas cantonales de protección de derechos.
Para el agresor se ordenará su salida del hogar cuando su presencia constituya una amenaza; se le prohibirá esconder, trasladar, cambiar de residencia a sus hijos y la retención de bienes, así como acciones de intimidación.
La Ley establece, además, medidas de protección urgentes cuando exista una inminente vulneración o riesgo a la integridad de la víctima. Las ejecutará la Policía Nacional, a través de un Sistema de Alerta Temprana.
La policía acudirá de manera inmediata ante la alerta generada por cualquier medio, como el botón de pánico; acompañará a la víctima hasta su domicilio para que tome sus pertenencias si así ella lo requiere; solicitará atención especializada a las entidades que conforman el Sistema, entre otras medidas.
Se establece una reparación de derechos, la cual cumple los estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos y que busca que la mujer recupere su proyecto de vida.
Además, se obliga al Estado a promover, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, a través de un plan de acción específico incluido en el presupuesto del Estado.
LILA/pv
