María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, convocó a sesión para este miércoles 7 de febrero, a las 15h00, con el propósito de conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), por la cual admite a trámite la solicitud de juicio político patrocinada por los asambleístas Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta, en contra de Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación.
El organismo avocará conocimiento de la propuesta, a fin de dar el trámite previsto en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Le corresponderá verificar que el pedido cumpla lo dispuesto en los artículos 131 de la Constitución y 79 de la Ley de la Función Legislativa, es decir, que cuente con las firmas de respaldo de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, la declaración de que las firmas son auténticas y pertenecen a sus titulares, que contenga el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañando la prueba documental que disponga en ese momento.
Cabe recordar que el 31 de enero, Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta, con 53 firmas de respaldo, oficializaron la solicitud de juicio político al superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.
Según Fabricio Villamar, no se trata de un juicio político de los legisladores, sino de los ciudadanos. “Se trata de la devolución a los ecuatorianos de la libertad de expresión, significa poner frente a Ecuador al símbolo de la opresión de los últimos años”, recalcó.
Mientras, Lourdes Cuesta subrayó que Carlos Ochoa usó la Ley de Comunicación con discrecionalidad. “No debemos descartar que esta acción que empieza en la Asamblea, derive en otras, pero en la Fiscalía”, dijo, al presentar el pedido de enjuiciamiento.
Dentro del anuncio de pruebas, entre otros documentos, se incorporó la materialización de todas las resoluciones violatorias a los derechos de comunicación, así como las resoluciones sancionatorias de parte de la justicia contra Carlos Ochoa.
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