“La decisión del pueblo expresado en las urnas respecto a la nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Transitorio, es un mandato que se debe respetar y cumplir”, dijeron las legisladoras Wilma Andrade y Silvia Salgado.
Este criterio lo emitieron al referirse a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas provisionales, para que el organismo ordene al Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador.
Wilma Andrade indicó que la Procuraduría General del Estado tiene que dar una contestación con énfasis en la respuesta que el pueblo dio en las urnas en torno al Consejo Transitorio. “No puede ser que tres personas defiendan sus intereses personales y pretendan irse sobre la voluntad de millones de ecuatorianos”, añadió.
En cambio, la parlamentaria Silvia Salgado señaló que la decisión de la Comisión Interamericana resulta tardía, porque ya se dio la consulta y referéndum. Por tanto, pidió que se respete el pronunciamiento del pueblo. “En la Corte Interamericana de Derechos Humanos se deben exponer los derechos que tenemos como país”, agregó.
Anunció que presentará un proyecto de resolución para demandar el respeto a la soberanía de nuestro país y defender el pronunciamiento popular, pues la Asamblea Nacional también tiene que pronunciarse sobre este particular.
Tanto Wilma Andrade como Silvia Salgado coincidieron con que este caso de ninguna manera entorpece el trabajo y la ruta establecida para que la Asamblea Nacional cumpla con el mandato popular, para reformar la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y derogar la denominada Ley de Plusvalía. Por lo que se debe conformar la comisión ocasional para cumplir esta tarea legislativa.
“Lo que se espera es la promulgación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral y de inmediato iniciar la tarea encomendada por el mandante”, dijeron.
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