Desde que se inició el proceso de renovación política, en 2007, las ciudadanas y ciudadanos fueron convocados a las urnas para que se pronuncien sobre temas de consulta y de referéndum, considerando el principio contenido en el inciso segundo del artículo 1 de la Carta Suprema, en el sentido de que “la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”.
A solo tres meses de instalado el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, se realizó la consulta para que el pueblo responda la pregunta: "¿Aprueba usted que se convoque e instale una Asamblea Constituyente con plenos poderes de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta, para que se transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución?". El 81.72 % de los electores se pronunció a favor.
Referéndum 2008
Posteriormente, concluido el proceso de recepción de propuestas ciudadanas, elaboración, análisis, socialización y aprobación de la Constitución 2008, en Ciudad Alfaro, Montecristi, a través de la Asamblea Constituyente autorizada por la ciudadanía, el 28 de septiembre las ecuatorianas y ecuatorianos asistieron al referéndum aprobatorio de la Constitución. El 63.93 % dijo Sí, como consecuencia de lo cual el texto constitucional entró en vigencia el 20 de octubre de 2008, tras su publicación en el Registro Oficial 449.
Referéndum y consulta popular 2011
El sábado 7 de mayo de 2011, se desarrolló el referéndum y consulta con 10 preguntas, cinco de ellas relacionadas con enmiendas a los artículos 77, 179, 312, relacionados con la caducidad de la prisión preventiva; la conformación del Consejo de la Judicatura y el reemplazo de quienes eran miembros del mismo por uno de transición; y, la prohibición de que las instituciones del sistema financiero privado así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional.
También sobre temas de consulta para tipificar el delito de enriquecimiento privado; prohibir negocios dedicados a juegos de azar, como casinos; prohibir en la jurisdicción cantonal respectiva los espectáculos públicos que tengan como finalidad dar muerte al animal (corridas de toros y peleas de gallos); expedir la Ley de Comunicación que cree un Consejo para regular la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitos sexuales o discriminatorios; y para tipificar como infracción penal la no afiliación de los trabajadores a la seguridad social. En las nueve preguntas nacionales, el Sí ganó con un promedio de 45 %.
Consulta sobre paraísos fiscales
En los comicios del 19 de febrero de 2017 se incluyó una papeleta adicional para que los ecuatorianos se pronuncien sobre: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”. El Sí tuvo el apoyo del 55.12 % de los votos.
Referéndum y consulta 2018
Esta es la quinta oportunidad en que el pueblo, en ejercicio de su voluntad soberana reconocida en la Constitución, acude a entregar su pronunciamiento en las urnas, esta vez con siete preguntas. Cinco están relacionadas con enmiendas sobre la sanción a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes; con la reelección, los cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la instalación de un Consejo transitorio, como se hizo en 2011 en el caso de la Judicatura; la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes; y, la prohibición de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos.
También, dos preguntas de consulta referidas a la derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y Especulación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía; y, el incremento de la zona intangible, al menos 50 mil hectáreas, así como reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1030 hectáreas a 300 hectáreas.
Así mismo, en estos 11 años se desarrollaron consultas a nivel local para resolver el conflicto de pertenencia del cantón la Concordia entre las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y de Esmeraldas (ya es parte de Santo Domingo); así como en las zonas de La Manga del Cura (entre Guayas y Manabí) y Las Golondrinas (entre Imbabura y Esmeradas).
La participación ciudadana en Ecuador legitimó decisiones fundamentales para la democracia, las mismas que han determinado el rumbo de los gobiernos y sus políticas públicas.
EG/pv
