Fabricio Villamar, asambleísta solicitante del juicio político contra Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación, presentó las pruebas de cargo, dentro del juicio político que se tramita en la Comisión de Fiscalización.
La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió este jueves las pruebas de cargo por parte de los asambleístas que solicitaron el juicio político en contra de Carlos Ochoa Hernández, superintendente de la Información y Comunicación, por incumplimiento de funciones.
Fabricio Villamar, quien fue el primero en intervenir, subrayó que Carlos Ochoa abusó de la Ley de Comunicación, al aplicar con discrecionalidad su contenido para favorecer a unos y perjudicar a otros, en función de la simpatía o antipatía respecto del régimen político de turno. “El Superintendente actuó con interés personal en las decisiones adoptadas como autoridad, como en el caso de la sanción dispuesta contra Teleamazonas”, dijo.
Recordó que dicha sanción se fundamentó en una opinión emitida por la legisladora Lourdes Cuesta en un espacio de entrevistas, caso en el que el señor Ochoa confundió el concepto de información con el concepto de opinión, requiriendo se otorgue el derecho a la rectificación en los términos que él consideró apropiados, cuando lo que correspondía era el derecho a réplica.
Indicó que de un estudio realizado se determinó que en 94 de los casos que se siguen en la entidad de control es contra medios de comunicación privados, de los cuales en el 67 % la petición nace del mismo Estado.
Falta de probidad
Las asambleístas Lourdes Cuesta y Elizabeth Cabezas coincidieron en responsabilizar a Ochoa de falta de probidad en el ejercicio de sus funciones, más aún cuando con un artículo adulterado de la Ley de Comunicación impuso severas sanciones a los medios, limitando la libertad de expresión.
Cuesta precisó que la Contraloría determinó oportunamente glosas en contra del funcionario por haberse beneficiado de fondos públicos, ordenando su destitución y que también es responsable de frenar el periodismo de investigación como en el caso de la Refinería del Pacífico, sin opción del derecho a la defensa y peor que los afectados accedan a espacios de réplica.
Elizabeth Cabezas aseguró que Carlos Ochoa recibió bonos y pagos extras al margen de lo que contemplaba el contrato como director de Noticias de Gama TV por 94 mil dólares. Incluso terminó la relación laboral por mutuo acuerdo, a pesar de lo que le reconocieron y aplicaron la figura del desahucio.
Resoluciones
La Comisión de Fiscalización resolvió pedir copias de los respectivos expedientes formulados en contra de Ochoa por parte de la Contraloría, Fiscalía, así como invitar a Martha Roldós, Aurelio Dávila, Luis Baldeón y Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.
Igualmente, citará al Contralor para que explique el estado actual de la imposición de glosas al Superintendente de Comunicación.
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