“Ecuador requiere fortalecer su institucionalidad”, subrayó José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional, al delinear el trabajo que desarrollará la Función Legislativa para la aplicación del mandato popular del referéndum y consulta desarrollados el pasado 4 de febrero, particularmente sobre la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, que será nombrado por voto universal en 2019 y la derogatoria total de la denominada Ley de Plusvalía.
Recordó que el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las ternas para la designación del Consejo de Transición, así como la propuesta para derogar la Ley de Plusvalía deben ser enviados por el Ejecutivo. Posiblemente los recibamos la próxima semana y, de inmediato, se dará el trámite pertinente.
José Serrano insistió en que las reformas a la Ley del Consejo de Participación deben estar aprobadas hasta el 16 de marzo, es decir, un año antes del proceso electoral previsto para el 17 de marzo de 2019, en el cual se renovarán las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y se elegirá, por primera vez, a los consejeros de Participación Ciudadana.
En torno a la nominación de los vocales del Consejo de Transición, Serrano aseguró que el Presidente de la República tiene una gran responsabilidad para escoger los 21 nombres que integrarán las siete ternas, con personas nuevas, frescas, que estén en capacidad de contribuir al proceso de reinstitucionalización del país.
Así mismo, la Asamblea tiene la responsabilidad de nombrar a los siete integrantes del organismo, con sus respectivos suplentes. “Estamos trabajando en un mecanismo que permita la elección de los consejeros y consejeras, es posible que al votar por las ternas, quien tenga la primera mayoría sea el titular y, el segundo, sea suplente”, mencionó.
José Serrano aseguró que los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrán en sus manos la oportunidad de evaluar la gestión de los titulares de los organismos de control que fueron nombrados en los últimos años, sin que esto se convierta en una persecución, sino sobre la base de mecanismos que permitan valorar técnicamente el trabajo que dichas autoridades han cumplido.
Igualmente, añadió, deben activar la Secretaría de lucha contra la corrupción y crear la institucionalidad adecuada para realizar el seguimiento, no solo de los procesos de contratación pública, sino de la gestión de las entidades y organismos del Estado, a fin de garantizar la transparencia de los mismos.
Por tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición deberá marcar un hito en la coyuntura que vive el país y responder al momento histórico, así como al mandato y a la confianza de la ciudadanía.
Destacó, además, la conformación democrática de la Comisión Ocasional que se encargará de tramitar las reformas legales para la aplicación de las preguntas 3 y 6 del Referéndum y Consulta Popular, con Daniel Mendoza, presidente; César Litardo, vicepresidente; Elizabeth Cabezas, Montgómery Sánchez, Roberto Gómez, Ximena Peña, Fernando Burbano, Encarnación Duchi, Vicente Taiano y Guillermo Celi, como vocales.
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