La Comisión Ocasional, encargada de operativizar las normas para la ejecución de las preguntas 3 y 6 del referéndum de este año, comenzó a analizar los seis primeros artículos del proyecto que reforma a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La forma de selección de los candidatos para que finalmente el pueblo los elija en las urnas y el rol que juegue el Consejo Nacional Electoral (CNE) en ese proceso fue el centro del debate.
Este tema se encuentra en el artículo dos de la iniciativa legal. El Ejecutivo plantea que podrán ser candidatos a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana los ciudadanos seleccionados por el CNE mediante concurso de oposición y méritos. Propone que dicha selección se realice entre postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía.
Están claros en que deben cumplir ciertos requisitos, pero de ahí los análisis giraron en el sentido de hasta dónde se puede abrir el abanico de candidatos o si debe haber un filtro para reducir el número, quien debería operarlo y cómo.
“Ayer se decía que no importa que haya 400 candidatos para elegir a siete, pero eso puede ser un acto de irresponsabilidad política. Es más fácil que los ecuatorianos decidan entre 30, que al menos el CNE los pueda difundir. Quizá ni siquera tengan la oportunidad de conocerlos a todos, imaginémonos 400. En aras de la democracia, que todos participen, vamos a propiciar que los ciudadanos quizás no voten, voten nulo o rechacen el mecanismo que han aprobado”, expresó Fernando Burbano. Con esta posición coincidió Ximena Peña.
Los dos creen que debe haber un proceso de filtración y número razonable de candidatos. Por el contrario, Roberto Gómez es de la idea que el CNE revise el cumplimiento de requisitos y que quien los cumpla tenga la posibilidad de participar como candidato. Encarnación Duchi, en cambio, no comparte el criterio que el CNE sea el filtro, sino que se busque otro mecanismo.
El proceso de postulación se avizora como otro nudo crítico. Peña propuso que el análisis se enfoque en eso. Y aquí se discutió sobre algunos requisitos, por ejemplo, si deben estar respaldados por organizaciones sociales, gremios, sindicatos o si deben reunir cierta cantidad de firmas. El reto es que exista una verdadera representación ciudadana, sin injerencias.
Con todas las observaciones expuestas, el equipo asesor realizará una matriz comparativa y desde el lunes de la próxima semana, la comisión recibirá a representantes de organizaciones sociales para recibir sus criterios, sobre todo, respecto de los temas en los que no hay consensos. Hasta el momento han pedido ser recibidos el Observatorio Legislativo y un gremio de jubilados. El acompañamiento permanente de la Corporación Participación Ciudadana será también desde ese mismo día.
Trabajo en territorio
Los comisionados quieren que exista una amplia participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales, por eso aprobaron que se haga una convocatoria pública. Al mismo tiempo, desde marzo recorrerán diferentes zonas del país. Empezarán el primero con la visita a Manabí y el dos a Guayaquil. El cinco acudirán a Azuay y Cañar y el 6 sesionarán en Quito, a fin de aprobar el informe para primer debate.
LILA/pv
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