La Asamblea Nacional cumplió con los ecuatorianos en la fecha que había programado. Hoy, 16 de marzo, derogó la denominada Ley de Plusvalía, tal como ordenó el mandante, a través de las urnas el pasado 4 de febrero. La propuesta de eliminar esta norma recibió el respaldo de 97 legisladores con 18 abstenciones.
“El pueblo decidió por un cambio cimentado en un verdadero diálogo. Es una actitud de vanidad mantener una ley que no ha dado los frutos esperados”, destacó Ricardo Zambrano, quien afirmó que su vigencia, afectó al sector inmobiliario y al encadenamiento productivo. Además ratificó el derecho de los ecuatorianos a una vivienda.
De su lado, Henry Cucalón agregó que “desechamos un atraco disfrazado de incentivos. Es el momento de derogar la ley y dar una señal de confianza para reactivar la economía”.
Ahora quedan algunos retos según los parlamentarios. Rubén Bustamante pidió que se trabaje para generar mecanismos que permitan el acceso a la tierra.
Para Rodrigo Collaguazo, el sector privado tiene que cumplir su parte y generar las plazas de empleo que se perdieron con la aplicación del cuerpo legal.
Patricio Donoso expresó que según el informe que preparó la Comisión Consulta 2018, se habrían perdido alrededor de 140 mil empleos y producido una contracción de 1.500 millones de dólares en el sector de la construcción. Collaguazo habló del perjuicio a unos 300 mil empleos directos e indirectos, en un año y medio.
De su lado, Héctor Muñoz, al defender la derogatoria dijo que se abusó de la figura impositiva para crear más impuestos y que ninguna cumplió el objetivo de desincentivar ciertas actividades, como la especulación de la tierra. Bustamante evidenció su preocupación y pidió que la Legislatura trabaje en contra de este lucro indebido.
Henry Cucalón dejó en claro que existen instrumentos jurídicos para controlar estos actos, como el Código de Ordenamiento Territorial y la Ley de Eficiencia en la Contratación.
Eliseo Azuero argumentó que si la gente ha logrado su riqueza con dignidad y creyendo en su país, sin sacar su fortuna, tiene derecho a sus utilidades.
Desde la otra orilla, Juan Cristóbal Lloret aseguró que la norma buscó controlar la especulación de las tierras, fruto de las personas que tienen acceso a información privilegiada. “Esta ley buscaba controlar que se socialicen las inversiones públicas, pero se privaticen las ganancias en pocas manos”, sostuvo.
Se refirió al documento que aprobaron algunos Estados en la conferencia sobre “Hábitat” desarrollado por Naciones Unidas en Ecuador, en el 2017, en el cual se comprometieron a combatir y prevenir la especulación del suelo.
Lira Villaba expresó que debe respetarse la democracia. “Ojalá en algún tiempo, no muy lejano, exista más conciencia social y dejemos de mimar tanto a la aristocracia. Seguimos sin decidir para las grandes mayorías”, acentuó.
LILA/pv
