Tres nuevas comparecencias recibió la Comisión de Fiscalización dentro del proceso de juicio político en contra del fiscal General del Estado, Carlos Baca. En este caso como parte de la etapa de sustanciación de pruebas de oficio, es decir, de personas que han sido mencionadas en el proceso o que puedan aportar con nuevos elementos.
El primero en actuar fue Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El funcionario tenía que responder sobre las acciones que han desarrollado en el marco de la evaluación al Fiscal. Sin embargo, poco añadió, según reconocieron los propios parlamentarios.
Lo que Trujillo confirmó fue que Baca está dentro de los funcionarios que están siendo evaluados y que ya se le inició el estudio. El Fiscal tendrá que presentar un informe de gestión hasta el 16 de abril, mientras tanto el equipo investigador recaba otros elementos y recibe denuncias. Por lo pronto, el CPCCS receptó 11. Al final presentarán un informe al Consejo, cuyo pleno lo conocerá y resolverá.
Más corta fue aún la presentación de Daniel Fernández de Córdova, funcionario de la Contraloría General del Estado. Dijo que no ha participado en el análisis de los gastos reservados del 30S ni ha suscrito ningún informe con indicios de responsabilidad penal en contra del Fiscal.
Pero, el asambleísta Homero Castanier confrontó ese argumento. Exhibió un documento reservado dirigido por la Contraloría al exfiscal Galo Chiriboga, el 23 de diciembre de 2016, en el que le pide investigar los indicios de responsabilidad penal en contra de Baca, por este mismo tema y, supuestamente, suscrito por Fernández de Córdova. Además, aseguró que el documento fue notarizado como fiel copia del documento original.
El involucrado se limitó a responder que no puede reconocer copias simples, ni a responder sobre comentarios de terceros.
Diego Fuentes fue el tercero en dar detalles sobre la supuesta adulteración del parte policial para dar a conocer un audio de una conversación entre el asambleísta José Serrano y el excontralor Carlos Pólit. Ratificó que el policía Danny Ibarra fue obligado a viciarlo y que lo acompañó a notarizar esta novedad, en calidad de asesor de Serrano.
Declaró que Ibarra lo contactó el 5 de marzo de este año y le indicó sobre el forjamiento del documento, que se sentía amenazado en su integridad y quería dejar estos hechos por sentado en una notaría. Relató las horas y los mensajes de texto recibidos por el policía, que no coincidían con la hora de la rueda de prensa en la que se divulgó el audio.
También se refirió a la supuesta disposición de crear, mediante un diagrama, una hipótesis de conspiración en contra de Baca. Ante estos hechos, manifestó que el Código Penal le obliga que ante el conocimiento de un delito debe denunciar. Según él se habría configurado fraude procesal y un presunto tráfico de influencias.
Pidió que se garantice la cadena de custodia del telefóno celular, en donde constaría la información develada.
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