La Ley de Régimen Especial de Galápagos se publicó en el 2015, sin embargo existen vacíos que se deben corregir para salvaguardar la seguridad de su ecosistema, biodiversidad, medio ambiente, así como de los habitantes de las islas. Así lo señalaron en la Comisión de Biodiversidad Lorena Tapia, ministra y presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, Marylin Cruz, Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos y Andrés Delgado, Director Jurídico del Parque Nacional Galápagos.
Lorena Tapia dijo que los temas de relevancia para realizar las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos tienen que estar enfocados en el contexto geopolítico con énfasis en el régimen especial, visión de territorio en temática de conservación de los recursos naturales. Además de clarificar las acciones afirmativas para los residentes permanentes, haciendo énfasis hacia el desarrollo sostenible y productivo de Galápagos, así como ordenar la movilidad y residencia de las personas en el territorio.
Se debe potenciar el cumplimiento de la ley, mejorar el campo de acción dentro de las competencias otorgadas por mandato legal, afinar las competencias interinstitucionales del territorio, agregó.
La titular del Consejo de Gobierno de Galápagos mencionó que falta claridad en la facultad restrictiva del régimen especial otorgado en la Constitución, respecto de las actividades económicas que se contrapongan con los principios de conservación del territorio, por tanto, hay que aclarar la facultad del Pleno del Consejo en virtud del artículo 242 y 258 de la Constitución y el artículo 11, numeral 22 de la LOREG.
Conviene definir la competencia que tiene el Parque Nacional Galápagos sobre el otorgamiento de la patente de operación. En cuanto a infracciones migratorias, señaló que hay que determinar una sanción pecuniaria a los infractores, sin necesidad de aplicar exclusivamente la expulsión de la provincia al incautado. La sanción pecuniaria debe ser ejecutable.
La omisión de la información se la debe tomar como infracción migratoria. Además que se debe eliminar la excepción de sus familiares hasta segundo grado.
Marylin Cruz, directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, señaló que a la provincia han ingresado muchas especies invasoras que desplazaron a las nativas, razón por la cual se deben determinar medidas de prevención y vigilancia de las áreas protegidas y controlar los ecosistemas frágiles.
Precisó que todo lo que se moviliza en Galápagos tiene que ser inspeccionado. Tiene que haber un control el origen y destino para evitar la movilización de especies tanto de plantas como de animales ya que podría generar impactos negativos si no se los controla.
Se establecieron 699 inspecciones avícolas, porcinas, veterinarias y se levantó información del sistema epidemiológico en los diferentes animales, además que se generó un instructivo de normas y bioseguridad, señaló la funcionaria.
En cuanto a las multas por sanciones e infracciones dijo que deben ser evaluadas. Propone que las mismas se lo hagan sobre la base del salario básico nacional y no sobre el unificado de Galápagos ya que para el residente resultan muy altas.
De su lado, Andrés Delgado, Director Jurídico del Parque Nacional Galápagos señaló que existen vacíos legales en la normativa del 2015. Es necesario clarificar las funciones entre el Consejo de Gobierno, la Dirección Nacional del Parque y el Ministerio del Ambiente. Es acertado que la Dirección del Parque Nacional de Galápagos sea el que regule a los guías naturalistas.
Considera que se debe establecer sanciones pecuniarias para quienes infrinjan la ley sobre el cuidado de los animales de la provincia de Galápagos, en materia de visitas al Parque Nacional ya que muchos turistas invaden y alteran el espacio, por ejemplo en contra del lobo marino o la tortuga.
Sostuvo que el cobro de las multas y sanciones pecuniarias para los residentes son altas. Al momento se aplica el salario básico unificado de Galápagos más la suma del índice de precios al consumidor (IPC). Por ejemplo, si un residente no tiene licencia de guía turístico paga una multa de 3.500 dólares, lo cual no corresponde a la realidad de los sueldos de la provincia de Galápagos.
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