Este martes, 17 de abril, a las 11:00, el Pleno de la Asamblea continuará el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Lucha Contra la Corrupción, que inició el 24 de enero de este año. La normativa pretende encontrar mecanismos que permitan luchar y prevenir estos actos.
El proyecto unificó las iniciativas de Mariano Zambrano, Encarnación Duchi, José Serrano, Juan Cristóbal Lloret, Wilma Andrade y Marcelo Simbaña.
Los parlamentarios plantearon algunas reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip), referentes a las penas aplicables a los servidores públicos sentenciados por delitos contra la eficiente administración pública, así como modificaciones en la tipificación de algunas conductas penales.
En el inicio del debate, en el Pleno, los asambleístas coincidieron en que es necesario evitar la impunidad en estos delitos.
Requisito de procedibilidad.
En la aprobación del informe para primer debate, Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, explicó que el requisito de procedibilidad, es decir, el informe previo de la Contraloría, para iniciar un proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito, no se requerirá en la fase de instrucción fiscal, sino en la audiencia preparatoria de juicio como fundamento de la acusación fiscal.
“Hoy el Fiscal General del Estado puede investigar, pero no formular cargos. De ser viable, la reforma podría formular cargos y solicitar una medida cautelar, como prohibición de salida del país, presentación cada 15 días ante el juzgador. Pero ciertamente, emitir un dictamen acusatorio requerirá un informe de la Contraloría”, argumentó.
Inhabilitaciones
La propuesta fija la suspensión de derechos de participación por un lapso de 10 a 25 años para sentenciados en casos de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo. Los jueces de forma obligatoria aplicarán la sanción.
Tampoco podrán volver a ejercer cargo público de por vida aquellos sentenciados por tales delitos, a lo que se sumaría la inhabilitación para contratar con el Estado.
Asistencia jurídica
Se establece, además, acompañamiento y asistencia jurídica a los ciudadanos que presenten denuncias por actos de corrupción.
LILA/pv
