La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió a la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, quien expuso la política de rehabilitación social que se aplica en el país. Explicó que, pese a los avances en materia penitenciaria, todavía existen condiciones de hacinamiento, que llegan al 37.6 %.
La Titular de la Cartera de Justicia se mostró partidaria de dictar una ley de prevención del delito que, a futuro, sin ser una solución definitiva a la problemática, permitirá disminuir la población carcelaria, en la medida en que se pueda evitar conductas delictivas en la sociedad.
Otra alternativa sería revisar las sanciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, de manera que determinados delitos tengan medidas sancionatorias que no necesariamente signifiquen la privación de libertad. “El costo para el Estado ecuatoriano por cada interno está entre 400 a 500 dólares mensuales; hay detenidos por peculado con un perjuicio que no supera los 2.000 dólares, sentenciados a seis años”, agregó
Rosana Alvarado informó que, al momento, existen más de 37 mil personas privadas de libertad en los centros de rehabilitación social del país, con apenas mil quinientos agentes penitenciarios para garantizar su atención y resguardo. Respecto de los delitos por los cuales hay mayor cantidad de detenidos, el 28 % corresponde a sustancias ilícitas, el 23 % por robo y el 15 % por delitos contra la vida.
Indicó que se aplican programas de rehabilitación con ejes como educación, con 12.208 participantes; deportes, con 13.807; laboral, con 12.538; y, cultura, con 5.942.
De otro lado, informó que se avanza en el proceso de repatriación de personas privadas de libertad de nacionalidad colombiana (hay un total de 2033). Sin embargo, se trata de una decisión voluntaria que la deben tomar los propios beneficiarios de esta medida.
Insistió en que el problema no solo está en la permanencia o no de las personas en los centros de rehabilitación social, sino en saber si es pertinente que se apliquen sanciones privativas de libertad o se busquen otras alternativas que podrían dar buenos resultados, como el arresto domiciliario, el uso de dispositivos electrónicos de georreferenciación, entre otros, sobre todo para delitos menores.
Entre tanto, Marcela Aguiñaga, presidenta de la comisión, tras agradecer la presencia de la Ministra de Justicia, propuso que se analice la posibilidad de que los miembros de la mesa efectúen un recorrido por algunos de los centros de rehabilitación, a fin de conocer de cerca la realidad que se vive en estos establecimientos.
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