Amparados en lo que dispone el artículo 199 de la Constitución, la Asociación de Amanuenses y Empleados de las Notarias de Manabí solicitó a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores se les incluya en la Función Judicial y bajo la dependencia del Estado, con lo que dejarán de ser empleados particulares del notario.En representación de los amanuenses, Rubén Mendoza denunció que en la actualidad no todos tienen acceso a los beneficios de ley, pues en muchos casos no se les paga ni siquiera el salario básico, no se les afilia al Seguro Social, ni se les reconoce vacaciones.
Añadió que al formar parte de la Función Judicial aspiran acceder a un salario digno, estabilidad laboral y que los derechos laborales adquiridos por los años de servicios sean respetados.
Recordó que el Art. 199 de la Constitución señala que “los servicios notariales son públicos. En cada cantón o distrito metropolitano habrá el número de notarias y notarios que determine el Consejo de la Judicatura. Las remuneraciones de las notarias y notarios, el régimen de personal auxiliar de estos servicios y las tasas que deban satisfacer los usuarios, serán fijadas por el Consejo de la Judicatura. Los valores recuperados por concepto de tasas ingresarán al Presupuesto General del Estado conforme lo que determine la ley”.
Reveló que de una población laboral de 28 empleados de notarias 17 son afiliados, solo nueve reciben el décimo tercer sueldo, 2 el décimo cuarto y 4 gozan de vacaciones.
La presidenta de la Comisión Especializada, Nívea Vélez, anunció que pedirá informe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ministerio de Relaciones Laborales sobre la situación de estas personas, porque no es posible que los notarios y registradores se enriquezcan, convirtiéndose en los dueños de las ciudades, en base al trabajo de sus empleados.
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