El Pleno de la Asamblea Nacional, conducido por la primera Vicepresidenta, Irina Cabezas, avanza en el debate de la objeción parcial del presidente de la República, Rafael Correa, al proyecto de Ley Orgánica de Empresas Públicas que fue aprobado por la Comisión Legislativa y de Fiscalización y remitido al Ejecutivo para su análisis el 27 de julio pasado.
La normativa establece los parámetros para la constitución de las empresas del sector público, incluidas las de propiedad de los organismos autónomos descentralizados (municipios y consejos provinciales), a fin de que sean eficientes, rentables y que sean debidamente reguladas, en beneficio de la sociedad.
De conformidad con las observaciones del Ejecutivo, se efectúan ciertas modificaciones de carácter técnico-jurídico.
Se norma, entre otros aspectos, la contratación y optimización del talento humano mediante procesos de selección que atiendan los requerimientos empresariales de cada cargo y conforme a los principios y políticas establecidas en la ley, la codificación del Código del Trabajo y las leyes que regulan la administración pública.
También se regula el tema del retiro voluntario de los servidores u obreros de las empresas públicas con el pago de un monto de hasta siete salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un máximo de 210 salarios mínimos básicos unificados.
EG
