La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral presentó ante la Secretaría General de la Asamblea el correspondiente informe favorable respecto de la Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora y Vida Silvestre (CITES).El organismo legislativo, presidido por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce, luego del proceso de análisis y socialización, determinó que la CITES constituye un mecanismo idóneo y constitucionalmente viable, a efectos de lograr una eficaz protección de las especies, que deberá complementarse con expresas políticas en las diferentes áreas de la administración pública referentes a la gestión ambiental, a su control y la actividad comercial de las mismas.
Tal como lo establece el artículo 438, numeral 1, de la Constitución, la Corte Constitucional emitió dictamen previo y vinculante de constitucionalidad el 11 de febrero de 2010.
Antecedentes, objetivos, socialización
El Ecuador se adhirió a esta Convención, suscrita en Washington, el 3 de marzo de 1973, en virtud a su vez, de ser parte integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En tanto, la Enmienda de 1983 permitió a los organismos internaciones, en especial la Unión Europea, participar plenamente con derechos y obligaciones en la CITES y representar a los países partes, asumiendo su derecho a voto.
Los Estados se hallan conscientes del creciente valor de la fauna y flora silvestres desde los puntos de vista estético, científico, cultural, recreativo y económico; reconocen que los pueblos deben ser los protectores de tal riqueza natural; y, además reconocen que la cooperación internacional es esencial para la protección de ciertas especies contra su explotación excesiva mediante el comercio mundial.
Toda importación, exportación, reexportación o introducción procedente del conjunto de especies amparadas por el tratado debe autorizarse mediante un sistema de concesión de licencias.
La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga y el embajador Gonzalo Salvador, en representación de la Cancillería ecuatoriana, intervinieron activamente en la fase de socialización del documento.
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