La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, presidida por el asambleísta Carlos Viteri Gualinga, sesionó en doble jornada, con el propósito de recibir de los distintos actores tanto públicos como privados los criterios en torno al Código del Ambiente, cuyo proyecto es socializado previo la elaboración del informe para primer debate, que se estima sea tratado en el Pleno el próximo mes.
En la sesión matutina vertieron sus criterios los representantes de la Universidad Católica; Instituto de Altos Estudios Nacionales; Centro de Investigación Forestal Internacional; Dirección de Patrimonio Natural del Distrito Metropolitano de Quito; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Gerente de Desarrollo y Propiedad Intelectual de SENESCYT; Ministerio de Salud; Subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente.
En la jornada vespertina participaron autoridades de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito; del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador; Dirección de Ambiente y Seguridad Industrial de la Cámara de Industrias y Producción.
Igualmente el experto en gestión de químicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; el Alcalde de Loja; el Director de Calidad Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito; el Subsecretario Social y Administración del Recurso Hídrico SENAGUA, la Viceministra del Ministerio del Ambiente.
Fabián Andrade, académico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, al referirse a la responsabilidad por daños ambientales y su relación con los instrumentos administrativos para la gestión de la calidad ambiental, hizo énfasis en dos conceptos: el problema de la gestión de la calidad ambiental y lo que significa la responsabilidad excontractual, las dos vistas desde la Constitución, el régimen vigente y la necesidad de precisiones a través de una modificación legislativa.
La presidenta del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador, Inés Manzano, habló sobre los permisos ambientales y agencia. Señaló que es necesario conocer los sectores que se está legislando y no caer en la generalidad.
En cuanto a los permisos ambientales dijo que faltan definiciones, si es un documento o una autorización y pidió que también se hable de biotecnología moderna.
La Directora de Ambiente y Seguridad Industrial de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), Ana María Noguera, solicitó claridad en las competencias ambientales de modo que los regulados no respondan a dos autoridades de control, más aún con la creación de la Agencia de Regulación y Control del Ambiente. Señaló además que la legislación debe cambiar ese enfoque punitivo, promover incentivos en la industria dirigidos a la prevención y por tanto una adecuada gestión ambiental; agilización de los trámites ambientales y proporcionalidad tanto en tasas por trámites administrativos como en costos por sanciones. Según la CIP, todo esto permitirá que no se afecte a la competitividad de las empresas.
El alcalde de Loja, Bolívar Castillo, solicitó que en la norma se aclare las competencias de los los gobiernos autónomos descentralizados y del Ministerio del Ambiente, lo que ayudará, incluso, a contar con presupuesto para temas ambientales.
La asambleísta Marisol Peñafiel espera que el proyecto sea tratado por el Pleno hasta el mes de abril y precisó que éste se rige bajo acuerdos internacionales para dar seguimiento a los temas ambientales.
Pepe Acacho pidió se incluya el Consejo Pluricultural regido por la Autoridad Nacional Ambiental, para que las comunidades inmersas como la amazónica e indígena participen en las políticas ambientales para que no sean afectados sus derechos.
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