Organizaciones indígenas piden coordinar acciones para enfrentar la emergencia por sequía en la Sierra Centro

Martes, 23 de febrero del 2010 - 20:42 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Los dirigentes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN y la ECUARUNARI respaldaron la declaratoria de estado de emergencia por sequía para la Sierra Centro y piden ser considerados para dar apoyo a las provincias afectadas.

El presidente de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria (CNSA), Pedro Quimbian, tras recordar que su organización es un espacio de debate y deliberación de la propuesta de ley que regirá la soberanía alimentaria, aseveró que han asumido como reto garantizar la alimentación, a la vez que propuso que se les incluya en la planificación, elaboración de estrategias e implementación de acciones de movilización durante el estado de excepción.

El presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, advirtió que es necesario radicalizar la movilización por la soberanía alimentaria, para lo cual necesitan tierra y agua, por lo que exigen al gobierno que asigne las rentas indispensables para fortalecer la producción, el sistema de desarrollo agropecuario, pero con la participación de las organizaciones, de pueblos y nacionalidades.

Al exigir la implementación de grandes políticas que cambien las estructuras neoliberales, anunció que trabajará junto al equipo de la Conferencia de Soberanía Alimentaria hasta alcanzar el cambio y la transformación del país.

Igualmente, el presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN), Luis Adrango, señaló que ellos se sumaron al llamado de las 78 organizaciones que firmaron el acuerdo para que el 2010 sea el año de la soberanía alimentaria.

Sobre la expectativa de unidad de la Fenocin y la Ecuarunari aclaró que hay cinco puntos en los que han definido un proceso a largo plazo; el primero es un llamamiento a que la declaratoria de emergencia de la sequía en las cinco provincias se coordine específicamente con la Conferencia de Soberania Alimentaria y las organizaciones sociales; el segundo, un seguimiento y observancia permanente al informe para segundo debate de la Ley de Recurso Hídricos; en tercer lugar no agresión dentro de las organizaciones indígenas que permita consolidar un proceso y una plataforma política más allá de la cercanía o distancia con el gobierno.

Indicó que las organizaciones sociales y la CNSA reconocen la necesidad de aprovechar este momento para sentar las bases de lo que serían mecanismos de intervención participativos e incluyentes, en donde las estrategias y acciones no se diseñen verticalmente sin considerar siquiera la voluntad y necesidades reales de las poblaciones locales, contando con propuestas para la acción y con el propósito de demandar el legítimo derecho de participación en las acciones.

A su vez, la asambleísta Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, saludó esta iniciativa de las organizaciones indígenas, cuyo proceso de unidad permitirá también tener un mayor nivel de participación en la construcción de las leyes.

Presentó su respaldo a la agenda comprometida a rescatar la participación de la ciudadanía en la construcción de la leyes, en especial en la elaboración de la propuesta de Régimen de Soberanía Alimentaria.

Aclaró que ante el problema de la sequía que viven varias provincias, desde la Asamblea se emitieron resoluciones excitativas al propio Ejecutivo para viabilizar la declaratoria del estado de excepción, a la vez que exhortó a la Secretaría Nacional de Riesgo que trabaje junto a las organizaciones sociales, ya que conocen y viven sus problemas.

“Nuestro compromiso es que en el proceso de construcción de las leyes, específicamente en el caso del segundo debate de la Ley de Aguas, se abra espacio de diálogo social, a fin de debatir los puntos más sensibles y que se reconozca a la Conferencia de Soberanía Alimentaria como la instancia de construcción de las leyes relacionadas con el fondo nacional de tierras y el seguro agropecuario o agrícola”, concluyó

RSA/pv

 

 

 

 

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