En la sesión 61 del Pleno, convocada para el miércoles 29 de septiembre, a partir de las 09h40, se conocerá y resolverá el veto del presidente de la República, Rafael Correa, al proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público.
Previamente, en el orden del día consta el análisis del informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, al pedido del Ejecutivo de aprobar el Acuerdo suscrito entre la República del Ecuador y la República del Perú para el establecimiento de la Comisión Binacional para la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla.
Veto a Ley de Servicio Público
En la objeción el mandatario propone incorporar en este cuerpo jurídico a las funciones Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social, así como a la Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional.
También, es partidario de ampliar la normativa a las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales; a los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, a las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos.
Las instituciones podrán establecer procesos de compra de renuncia de los servidores públicos de carrera, previo el pago de una indemnización, por una sola vez, equivalente a cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general por cada año de servicio y hasta un monto máximo de ciento setenta y cinco salarios básicos unificados, para cuyo efecto, se realizarán las reformas presupuestarias correspondientes acorde con la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado.
Igualmente, plantea que los contratos que se hubieren suscrito con profesionales médicos, odontólogos, enfermeras, tecnólogos médicos, obstetrices y psicólogos clínicos, en los cuales se haya fijado una jornada de trabajo inferior a 8 horas, serán reformados para establecer una jornada laboral de 8 horas.
Acuerdo
La Comisión de Relaciones Internacionales, como parte de las conclusiones, consideró que el Acuerdo constituye un instrumento jurídico idóneo constitucionalmente viable, que favorecerá los intereses de los ciudadanos ecuatorianos y peruanos de la frontera; potenciará e irrigará la producción de extensas zonas desérticas.
El documento cuenta con el dictamen previo y vinculante de la Corte Constitucional.
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