El asambleísta Carlos Viteri Gualinga presentó un proyecto de Código Orgánico del Ambiente, a fin de sistematizar la dispersa normativa ambiental vigente, que ha generado un impacto jurídico negativo, dado que el patrimonio natural del país se ve menoscabado al dejar a la libre discrecionalidad del funcionario la tarea interpretativa de cada norma.
El parlamentario dijo que el desafío inicia con la propuesta de crear y reestructurar la normativa ambiental existente, creando un instrumento jurídico codificado, bajo criterios de sistematización, jerarquización, actualización, eficacia, eficiencia y coherencia, necesario para ello.
El proyecto, que contiene 297 artículos, tres disposiciones generales, nueve transitorias, 10 derogatorias y una final, tiene por objeto regular el régimen institucional, patrimonio natural, calidad ambiental, cambio climático, manejo sustentable de la zona marina y costera, régimen sancionador; el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, así como los derechos de la naturaleza.
La normativa establece que el Estado deberá promover en los actores públicos y privados el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, que minimicen los riesgos sobre el ambiente y los costos del tratamiento y disposición de sus desechos, en el desarrollo de procesos de producción. También deberán promover la implementación de mejores prácticas en producción y consumo, con el fin de reducir la contaminación y optimizar el recurso natural.
Prevé que quien promueva una actividad que pueda afectar al ambiente, debe asumir los costos de prevenir o reducir al máximo su impacto negativo, y en caso de ocasionarlo, será responsable de la reparación integral del daño causado, incluyendo la restauración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos del ambiente o la naturaleza, la indemnización a los directamente perjudicados adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y el pago de las sanciones económicas a que hubiere lugar.
El cuerpo legal está estructurado por libros: el I se refiere al régimen institucional; el II de los gobiernos autónomos descentralizados; III sobre calidad ambiental; IV sobre gestión ambiental integral nacional de sustancias químicas; y el Libro V sobre el manejo sustentable de la zona marina y costera.
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