La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó para el martes próximo, a las 09h30, a la sesión No.289 del Pleno, con el fin de resolver la objeción parcial al proyecto de Código Monetario y Financiero y tratar en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos.
El debate y resolución de la objeción se realizará sobre la base del informe que sobre el tema preparó la Comisión de Régimen Económico y Tributario, en el que recomienda aceptar 52 observaciones e insistir en cuatro normas del proyecto aprobado por la Asamblea Nacional.
Las 52 observaciones se refieren a errores formales, cuya rectificación permite la aplicabilidad de la norma; además aclaran y complementan el contenido de los temas desarrollados en cada uno de los artículos objetados. En algunos casos se rectifican numeraciones, concordancias y referencias, explicó el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Oswaldo Larriva.
El parlamentario explicó que en el informe se sugiere mantener los textos aprobados por la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver con el Consejo Consultivo de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a fin de que su integración sea flexible y no resultado de un proceso de selección a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Adicionalmente concluyeron que los designados accederían a una remuneración.
Sobre la definición de las infracciones muy graves en el sistema financiero nacional, la comisión considera que en el caso de ocultamiento de información y de falsificación burda, son conductas graves desde el punto de vista administrativo que ameritan una sanción de la misma naturaleza independientemente de la sanción penal a que hubiere lugar, por esta razón recomiendan ratificar el texto.
En cuanto a la objeción del artículo 458 del proyecto que regula a las entidades asociativas, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, la comisión considera que eliminar la posibilidad de que estas entidades puedan optar por alcanzar su reconocimiento jurídico a través de la personería jurídica, significa limitar derechos económicos, condenar la marginalidad y desincentivar la institucionalización legal de este tipo de entidades, cuyo número y tamaño no debe disuadir al Estado de la necesaria acción de control y acompañamiento previsto por la Comisión, razón por la cual piden que se ratifique en el texto original aprobado en el Pleno.
Respecto a la incorporación de normas vigentes en contratos de seguros, dando paso a la retroactividad, los comisionados estiman que la incorporación de las normas vigentes en los procesos de liquidación a la fecha de promulgación de estas reformas afectaría el principio de irretroactividad de la ley, que es el fundamento de la seguridad jurídica, por ello recomiendan no allanase al pedido del Ejecutivo.
