La asambleísta Alexandra Ocles planteó una disposición transitoria en el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, a fin de viabilizar el cobro de rubros pendientes, argumentando que las operadoras aún no pagan la recaudación que realizaron por redondeo y que una sola de las dos operadoras adeuda aproximadamente 27 millones de dolares.
Tras explicar que según la disposición las operadores tendrán 90 días para cancelar esos montos, recordó que la Asamblea Nacional incluyó en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones la disposición que le permitirá al Estado ecuatoriano recuperar una importante cantidad de dinero que las operadoras, CONECEL S.A. Y OTECEL S. A., no han cancelado por cobros indebidos.
Alexandra Ocles informó que las empresas mencionadas que ofrecen, entre sus servicios, el de telefonía celular, mantienen una deuda con el Estado y que la facturación redondeada al minuto inmediatamente superior fue cobrada al usuario y luego de la resolución de revertirla al usuario, como dispuso la SUPERTEL en 1999, esto no se cumplió. La empresa CONECEL interpuso acciones legales que fueron, de manera oportuna, negadas ratificándose la decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones de no realizar ese cobro y de revertir los ingresos registrados por el redondeo, añadió.
Explicó que el reembolso de lo cobrado al usuario por el redondeo al minuto inmediatamente superior, es decir por el tiempo no utilizado realmente por el abonado, no pudo aplicarse a través de una compensación.
Expresó además que la Superintendencia de Telecomunicaciones y otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo, ratificaron lo actuado y ordenaron el pago al Estado.
La asambleísta Ocles señaló que CONECEL, conocida como CLARO debe pagar 27'036.732 dolares, mientras que a OTECEL - MOVISTAR se deberá realizar una auditoría y señalar la cantidad a cancelar.
Finalmente reiteró la necesidad y el beneficio que la aprobación de esta ley tiene para el país y para los usuarios del servicio de la telefonía móvil, a la vez que indicó que esta normativa incentivos para las operadoras que mejoren la cobertura en zonas urbano marginales y rurales del país, así como desarrollar el régimen general de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, que son sectores estratégicos del Estado.
