Hay que resolver el incremento de la urbanización, de la población y la necesidad de alimentación, reducción de la superproducción agropecuaria, el avance de la frontera agrícola, la disminución de fuentes de agua, la pérdida de fertilidad del suelo y la propuesta de Ley de Tierras que analiza la Asamblea Nacional tiene este fin, dijo el vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño.
El parlamentario indicó que a través de la ley se propone mejorar la productividad, limitar la frontera agrícola, conservar y mejorar la fertilidad del suelo; evitar el minifundio y expropiación del latifundio que no cumpla la función social y ambiental, la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra rural, es decir, una agricultura sostenible con soberanía alimentaria que permita el buen vivir rural.
Para lograr estos objetivos el Estado diseñará estímulos económicos, productos y servicios para la agricultura familiar, impulsará políticas de incentivos y programas de innovación tecnológica, fomento a la producción, crédito rural, seguro agrícola, valor agregado a la producción, apoyo a la comercialización, entre otros, agregó.
Además, a través de la propuesta legal se impulsa el mejoramiento de las propiedades que cumplan la función social, se crea la unidad productiva familiar que constituye una unidad de medida económica, estimada en un número de hectáreas de tierra productiva, que le permita a una familia rural percibir ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas que garantice el buen vivir y obtener ingresos que contribuyan a la formación de un patrimonio.
El proyecto se orienta a limitar la frontera agrícola, protegiendo y conservando los ecosistemas frágiles, como zonas de páramos, recarga hídrica, pantanos, bosques primarios, entre otros. Se establece que la aprobación del uso del suelo agrícola para urbanizaciones debe tener autorización de la Autoridad Agraria Nacional, añadió.
Igualmente, se da protección, conservación y recuperación de la capa fértil; la planificación para el aprovechamiento de la capacidad de uso y potencial productivo; el control de prácticas mejoradas, que eviten la contaminación, desertificación, erosión u otras formas de degradación de su capa fértil; prevé que no se entregará superficies menores de la Unidad Productiva Familiar, porque se considera minifundio.
Se plantea políticas de asociatividad e incentivos para la integración del minifundio actual; la expropiación de latifundios que no cumplan función social y ambiental, se regulariza la posesión para legalizar, titular y redistribuir la tierra rural, se reconoce el derecho a la propiedad sobre la tierra rural pública y se determina que la Autoridad Agraria Nacional en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, en un plazo de dos años, procederá a la titulación de las tierras rurales públicas, dijo el legislador.
Finalmente, Mauricio Proaño precisó que la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales mejorará las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano.
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