Un aspecto esencial en la Ley de Recursos Hídricos es el hecho que no se permite ninguna forma de privatización del agua, porque es un recurso estratégico que nos pertenece a todos los ecuatorianos, resaltó el ponente y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria Miguel Carvajal, en la continuación de la sesión 40 del Pleno.
Así mismo, dijo, se garantiza el derecho al agua bajo múltiples formas, se fortalecen los sistemas públicos y comunitarios, y para lo cual debe haber la alianza público-comunitaria; también mantenerse la autonomía de gestión, administrativa, operativa y la capacidad de recaudación.
Se plantea además medidas para conservar y estimular el sistema público hídrico y se respeta el orden de prelación definido por la Constitución: primero la garantía del agua para consumo humano, segundo el agua de riego para la soberanía alimentaria (que incluye los abrevaderos de animales); tercero garantizar el caudal ecológico –como la vida de los ecosistemas- y finalmente los distintos usos y aprovechamiento del agua.
También propone un régimen económico para garantizar el agua para todos y la sostenibilidad de los sistemas; tarifas diferenciadas entre lo que es el consumo humano, para riego y lo que es el aprovechamiento industrial o de agua exportación o de otras actividades de recursos hídricos, agregó.
Destacó que el proyecto promueve la participación de las organizaciones de usuarios a nivel territorial, con la creación del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua y con los Consejos de Cuencas; también plantea una redistribución del agua en forma equitativa; permite combatir su acaparamiento, la ilegalidad, la informalidad y el abuso del uso de este importante recurso.
Aspectos fundamentales
Resaltó que el proyecto contiene aspectos fundamentales, cumple un mandato constitucional, que resuelve una deuda de la Asamblea Nacional; responde a la necesidad de contar con un instrumento legal nuevo, moderno, eficaz, responsable social y ambientalmente, acorde a las nuevas condiciones del país.
Se propone una gestión integral de los recursos hídricos y contiene varias medidas afirmativas para garantizar derechos colectivos e individuales.
Este es un texto que está ajustado al marco constitucional, que recoge los temas planteados como el que el agua es parte de los sectores estratégicos del Estado, que es de uso público, inalienable, imprescriptible, recoge el derecho humano al agua como un derecho que no puede ser conculcado por ninguna razón, ni política, étnica, religiosa, y ninguna forma de discrimen social, enfatizó.
Explicó que se dispone que el agua debe tener dos formas de gestión: la pública y la comunitaria y, por lo tanto, hay que fortalecerlas; recoge la necesidad de proteger las fuentes de agua para un manejo integral de la misma; las fuentes, las aguas superficiales y las aguas del susbsuelo tienen que ser conservadas para la soberanía alimentaria, para garantizar la producción de todos los ecuatorianos.
También incluye aspectos de participación social, en la formación de políticas, en las veedurías, tanto en las cuencas como en las microcuencas, a nivel nacional y subnacional; la participación social permanente, adecuada y comprometida con la conservación del agua.
El asambleísta Carvajal saludó la presencia de las personas que asistieron a la Asamblea Nacional desde varias provincias del país.
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