Presidenta de la Asamblea participó en reuniones con trabajadores de telefónicas

Lunes, 18 de agosto del 2014 - 09:05 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Presidenta de la Asamblea participó en reuniones con trabajadores de telefónicas

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, participó en las reuniones que el presidente de la República, Rafael Correa, mantuvo con representantes de los trabajadores de las empresas de telefonía celular (Movistar y Claro) y con directivos de los fondos previsionales cerrados, entre otros, del Magisterio, de la Dirección de Aviación Civil, de Petroecuador y las Fuerzas Armadas.

En las reuniones se analizaron los proyectos de reformas a la Ley de Telecomunicaciones; a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Bancos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En primer lugar se reunieron con los trabajadores de las operadoras de telefonía móvil, con el fin de analizar el proyecto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones, según el cual se reducirían del 15 al 3 por ciento las utilidades de los trabajadores, mientras que el 12% restante se destinaría al Estado para financiar proyectos de carácter social y de desarrollo de las telecomunicaciones.

La reunión duró alrededor de dos horas y al finalizar los representantes de los trabajadores calificaron de positivo este diálogo.

Posteriormente recibieron a los representantes de ocho fondos previsionales cerrados (cesantía) para escuchar sus argumentos en torno al proyecto de reformas a las Leyes de Seguridad Social y del BIESS que se tramita en la Asamblea. Allí estuvieron, entre otros, Juan José Castelló, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio; Mónica Ayala, del Fondo del Magisterio de Pichincha y delegados de los fondos de la Dirección de Aviación Civil, de Petroecuador y de las Fuerzas Armadas.

El ministro de Educación, Augusto Espinosa, en declaraciones a los medios de comunicación, expresó que los fondos complementarios deben manejarse bajo tres principios: que no sean de carácter obligatorio, que las personas puedan retirar sus fondos cuando lo requieran y no esperar a estar cesantes, y que no tengan transferencias de dinero del Estado.

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