En la sesión 287 del Pleno, parlamentarios de distintas tiendas partidistas expresaron sus criterios respecto del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Biess para la Administración de los Fondos Previsionales Cerrados. Existieron argumentos a favor y en contra de este cambio, durante el primer debate cumplido este jueves.
Así, la legisladora Cristina Reyes subrayó que el tema de los fondos de cesantía obedece a la crisis de la caja fiscal y la necesidad de obtener recursos, al explicar que el proyecto presentado por el legislador Hólger Chávez estuvo orientado únicamente al Magisterio y que, luego, el organismo legislativo decidió ampliarlo a todos los fondos de cesantía que cuenten con fondos públicos, para lo cual era necesario un nuevo proyecto que cuente con informe de la Unidad de Técnica Legislativa. Pidió se archive esta iniciativa.
El proponente del proyecto, Hólger Chávez, recordó que hace cuatro años los docentes de la provincia Bolívar se pronunciaron contra el manejo de los fondos de cesantía del Magisterio, tras asegurar que el documento presentado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores no cambia el espíritu de su propuesta, que busca dar seguridad jurídica a los socios y afiliados, garantizando la transparencia y claridad en la administración de los recursos de los trabajadores.
Entre tanto, el legislador Patricio Donoso, aseveró que las reformas a la Leyes de Seguridad Social y de creación del Biess violenta el artículo 66 de la Constitución y las normas internacionales e irrespeta el derecho individual, al no consultar a los dueños del dinero.
De su lado, Antonio Posso comentó que la Universidad Técnica del Norte tiene un fondo cerrado, que integran profesores y empleados, por propia voluntad, tras advertir que los fondos están vigilados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Recordó que ningún fondo hoy recibe recursos del Estado, desde 2008. No comparte que los fondos pasen al Banco Ecuatoriano de Seguridad Social.
Ángel Rivero, vocal de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, aclaró que los recursos de quienes tienen fondos previsionales cerrados, en ningún momento se verán mermados. Propuso incluir un sistema de banca virtual para que el partícipe acceda a toda la información relacionada con su cuenta.
Para, el asambleísta Pepe Acacho, se debe respetar el derecho de las personas a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria y su derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. La propuesta sobre la administración de los fondos de cesantía por el Biess perjudica al magisterio ecuatoriano, dijo, al insistir en que se debe respetar la propiedad privada, la libre asociación tal cual dicta la Constitución.
Similar criterio expresó el legislador Luis Tapia, quien dijo que la propuesta tiene una dosis de intromisión del Estado en fondos de condición privada, tras rechazar la propuesta de estatización de los fondos del Magisterio. Dijo que dicha reforma se debe socializar con los dueños del dinero.
María Eugenia Gutiérrez, de Pichincha, aseguró que el Fondo de Cesantía del Magisterio se ha manejado políticamente. Consideró que los dueños de los fondos deben ser quienes decidan cómo lo manejan.
A criterio de María Cristina Kronfle, el Fondo de Cesantía del Magisterio inició con 13 millones de dólares, hoy tiene casi 500 millones de dólares y sus dineros son privados.
Para Andrés Páez, los fondos previsionales son privados y pertenecen a los partícipes, y no al Estado, mientras su compañera Mae Montaño dijo que varias normas constitucionales son infringidas con este proyecto de ley.
La legisladora Diana Peña, integrante de la Comisión de los Trabajadores, argumentó que las reformas a las leyes de Seguridad Social y del Biess fomentan importantes beneficios para los aportantes, tras aclarar que no se incautarán los recursos.
Luego de la intervención de 22 asambleístas concluyó el primer debate de este tema. La presidenta de la Asamblea Nacional recordó a los legisladores que tienen tres días para presentar sus observaciones, por escrito, a efectos que la Comisión de los Trabajadores prepare el informe para segundo debate.
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