Luego de un intenso debate y análisis de los hechos ocurridos el 18 de octubre de 1977, en La Troncal, provincia del Cañar, donde se dio lugar a la masacre de obreros del ingenio Aztra, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 87 votos resolvió declarar el 18 de octubre de cada año como “Día de la Dignidad del Trabajador Azucarero”
La propuesta, de iniciativa de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, busca defender la justicia y la verdad de los hechos ocurridos en Aztra, así como reconocer la gesta heroica de estos trabajadores que lucharon por la defensa de sus derechos laborales.
La Asamblea Nacional, a través de la resolución, rinde un justo homenaje al centenar de valerosos y decididos trabajadores azucareros que junto a sus familias lucharon por el cumplimiento de sus derechos y conquistas alcanzados con su cotidiano sacrificio y que fueron cobardemente masacrados en el ingenio azucarero "Aztra" en 1977 y declara al 18 de octubre de cada año corno Día de la Dignidad del Trabajador Azucarero, puesto que esta histórica jornada constituye un referente de la lucha obrera y enaltece el permanente compromiso de los auténticos hombres y mujeres que generan riqueza y engrandecen a la Patria.
Se reitera el compromiso de la Asamblea Nacional con la lucha de los obreros de Aztra para que la masacre a sus trabajadores no quede en el olvido, puesto que un crimen de esta magnitud debe ser recordado por el país y el mundo. En tal virtud que se destine un espacio en el Palacio Legislativo, en cual consten los nombres de los asesinados y desaparecidos, como testimonio simbólico para conservar vivo el espíritu de la lucha de los trabajadores fallecidos el 18 de octubre de 1977.
Así mismo, busca garantizar que este tipo de graves violaciones a los derechos humanos no queden en la impunidad y se hagan efectivos los derechos a la verdad, justicia y reparación, en virtud de lo cual, exhorta a la Fiscalía General del Estado, a través de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, para que inicie una investigación sobre los hechos sucedidos el 18 de octubre de 1977; y, designar una veeduría ciudadana, conforme con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana, a fin de que ejerza vigilancia y control sobre el desarrollo de las investigaciones.
La Asamblea solicita que dentro del ámbito de sus competencias, el Defensor del Pueblo acompañe a las víctimas en la vigilancia del debido proceso y la tutela de los derechos fundamentales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 215, numerales 2 y 4, de la Constitución de la República del Ecuador.
Igualmente, garantizar el justo derecho a la democratización de la propiedad para que los trabajadores, empleados y campesinos ecuatorianos puedan acceder a la propiedad de las empresas y bienes que fueron incautados, y que actualmente se encuentran en posesión del Fideicomiso Mercantil AGD - CFN No Más Impunidad, razón por la cual, las entidades públicas relacionadas con el financiamiento y venta de paquetes accionarios a favor de trabajadores o empleados deberán acoger y cumplir la normativa vigente en la Disposición Transitoria Trigésima Novena del Código Monetario y Financiero.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Betty Carrillo aclaró que de ninguna manera la resolución va en contra de las Fuerzas Armadas, pues se trata de realizar una investigación por parte de la Fiscalía en un período en el cual estuvieron al frente tres personas que formaban parte de un triunvirato: el almirante Alfredo Poveda, el general de División Guillermo Durán Arcentales; y el general Luis Leoro Franco.
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