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La Comisión de Biodiversidad tenía previsto recibir al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, para dar cumplimiento a la Resolución 69, adoptada por la mesa, y explicar la hoja de ruta, así como el cronograma de pagos de las asignaciones adeudadas al Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónica y el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contempladas en la Ley Territorial Amazónica.
En tal sentido envió un documento en donde explicó que conforme manda la Ley Territorial Amazónica, y de acuerdo con informe jurídico, el Ministerio de Finanzas no tiene competencias para asignar, ordenar o transferir los recursos que financian el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico y el Fondo Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, por lo que resulta imposible cumplir con la solicitud realizada por la Comisión.
En el informe jurídico, al que hace mención el ministro, además, señala que para el financiamiento del Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, las empresas nacionales y extranjeras, públicas, privadas, de economía mixta, o de otro tipo, dedicadas a la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, depositarán mensualmente, en la cuenta especial del Banco Central del Ecuador, denominada, Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, los valores determinados en el artículo 60 de la Ley Territorial Amazónica.
El presidente de la Comisión, Alberto Zambrano, lamentó que por segunda ocasión el ministro Martínez no acuda a la mesa y envíe a un delegado. De su parte, Juan Pablo Velín rechazó la inasistencia del Secretario de Estado, pues sostuvo que era necesario su presencia para que pueda transparentar la entrega de recursos que le corresponden a la Amazonía.
El legislador Edy Peñafiel criticó que nuevamente el ministro incumpla con la Comisión y elevó a moción iniciar el proceso de juicio político en su contra Martínez, por incumplimiento de funciones. A este pedido se sumó el asambleísta Juan Cárdenas. La iniciativa fue aprobada por 10 votos.
Análisis de informe
En otro tema, los parlamentarios continuaron con el análisis artículo por artículo del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
Los temas revisados estuvieron relacionados con la prestación de servicios comunitarios del agua, áreas de protección hídrica, autorización única del agua, administración y fondo de gestión del agua, entre otros aspectos.
La Comisión de Biodiversidad, presidida por el legislador Alberto Zambrano, en la sesión 043, enfocó su acción en el tema de retraso y disminución de las asignaciones del Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y el Fondo para el Desarrollo Sostenible. Para tal efecto, recibió a autoridades del Ministerio de Energía, Petroecuador, gobiernos autónomos descentralizados, Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, entre otros.
René Ortiz, ministro de Energía, dijo que de enero a junio de 2020, acorde el artículo 60 de la Ley Amazónica, el cálculo se realiza en función del precio de venta, es decir, se calcula el 4 % del precio de venta por cada barril de petróleo comercializado en el mercado interno y externo, no menor de dos dólares en la participación de beneficiarios del Fondo de Desarrollo, más allá que el valor del barril sea inferior a 50 dólares.
Fondo Común
María Soledispa, viceministra de Energía, señaló que en el caso del Fondo de Desarrollo, la entidad hace el registro, constata la producción de cada una de las operadoras tanto de Petroamazonas como de las privadas y la liquidación, pero el tema de transferencias compete a Petroecuador, en función de lo que le entrega el Ministerio de Finanzas.
Expuso que respecto del pago de utilidades del 12 %, de acuerdo a la Ley, correspondiente al año 2019, que es una obligación de las compañías operadoras privadas de servicios hidrocarburíferos a favor del Fondo Común, de 48 millones se ha recaudado 39 millones y el ministerio está insistiendo en dicho pago.
Incluso, mencionó que las empresas pidieron a la Secretaría Técnica y al Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) un diferimiento de pagos, argumentado la situación de la pandemia y problemas con los oleoductos, cuya solicitud nunca fue aceptada.
Inquietudes de comisionados
En primer lugar, los comisionados rechazaron la inasistencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, a esta reunión de la mesa, por lo que se le fijará una nueva fecha y hora.
También exigieron del Ministerio de Energía ponga mano dura para que las empresas cancelen los valores por efectos de regalías del año pasado y que se presente un listado completo al respecto.
Coincidieron que el Art. 60 de la Ley Amazónica no admite ninguna interpretación en torno del Fondo para el Desarrollo Sostenible, que dispone la asignación equivalente al 4 % del precio de venta del petróleo extraído de la circunscripción Amazónica y que se comercialice en el mercado interno y externo, que incluye producción que se destina a la refinación para el consumo interno y la cuota correspondiente para la exportación. Por tanto, exigieron del Ministerio de Energía corregir procedimientos, de forma inmediata, que afectan la seguridad jurídica del país.
A nombre de la Comunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana (Conga), Consuelo Vega, compartió que no se justifica la interpretación sobre el tema de transferencias para el Fondo de Desarrollo Sostenible. Aseguró que a las seis prefecturas se les adeuda 45 millones y que los dineros no llegan de manera oportuna, ni completa.
Seguimos con las necesidades de siempre. Así se pronunció Víctor Carreño, presidente de los Gobiernos Parroquiales Rurales Amazónicos, quien demandó el cumplimiento exacto de la Ley sobre la extracción del crudo para el Fondo de Desarrollo y su distribución a municipios, prefecturas y juntas parroquiales.
La Comisión de Biodiversidad recibió a Daniela Oleas, ministra subrogante de Inclusión Económica y Social, quien señaló las acciones realizadas para impedir que se siga efectuando el cobro ilegal del Bono de Desarrollo Humano (BDH) por parte de ciudadanos que, sin ser los reales beneficiarios se apropian de esos recursos.
Pago Seguro
Para evitar las estafas la ministra subrogante indicó que ahora se trabaja en el proyecto de “Pago Seguro”, el cual es concebido como un proceso económico de inclusión financiera para el pago de bonos y pensiones en cuentas bancarias de usuarios MIES, con el objetivo de facilitar la transferencia de recursos.
Perjudicados
Por invitación del asambleísta Henry Moreno, ante la Comisión acudieron Daniel Dawua, de la nacionalidad Andoa, quien pidió justicia en la entrega del Bono de Desarrollo Humano a los adultos mayores de Pastaza, pues aseguró que se entregó el dinero a quienes no les pertenecía y a ellos se los dejó en la indefensión y sin recursos.
De su parte, José Nangua, abogado de los perjudicados, sostuvo que mucha gente no sale a cobrar cada mes porque no tiene manera de movilizarse y tampoco dinero para hacerlo, ahí es cuando se produce la estafa y la adulteración de identidad, apuntó. Al mismo tiempo, señaló que no se pueden vulnerar los derechos de las personas más pobres y menos en época de pandemia. Recalcó que la denuncia ante los órganos competentes se presentó hace aproximadamente dos meses y medio.
Aprobación resoluciones
En otra temática, con 10 votos a favor y por pedido del legislador Juan Pablo Velín, la Comisión decidió aprobar las comparecencias de Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas; René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica (CTEA); Julia Landázuri, secretaria Técnica de la CTEA; Pablo A. Flores, gerente General de EP Petroecuador; Verónica Artola Jarrín, gerente General del Banco Central del Ecuador; Andrés Bonilla Abril, presidente del Comaga; Yilda Rivera Cavagnar, presidenta del Conagopare Nacional, presidente del Conga, delegado del Conajupare (Amazónico) para que informen sobre el retraso con que se pagan las asignaciones del Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico así como la disminución en el monto de las mismas.
Por solicitud del asambleísta Xavier Casanova, la Comisión aprobó con 10 votos a favor la comparecencia de Raúl Delgado Orellana, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) para que en comisión general, como representante de los 221 municipios del país, exprese la postura, observaciones y propuestas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, respecto de las normativas que se prevén en el proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente (COAM), así como de las previstas en favor de los animales de compañía y la regulación en el uso de plásticos.
Los comisionados también analizaron, en esta sesión, el articulado del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
Con el fin de conocer las acciones que lleva adelante la Procuraduría General del Estado por la presencia de flotas pesqueras en el corredor marítimo existente entre las aguas territoriales del Ecuador Continental y el de las Islas Galápagos, la Comisión de Biodiversidad invitó al procurador del Estado, Íñigo Salvador, quien indicó que la institución intervendrá solo sí las negociaciones directas realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene resultados positivos.
En ese marco, solicitó información a la Armada Nacional y a la Cancillería. En el caso de posibles violaciones podrá iniciar acciones dependiendo de cada Estado. En su intervención informó que no solo existe presencia de flotas de China, también hay presencia de naves de Liberia y Panamá.
El legislador Eddy Peñafiel preguntó qué acciones se han adoptado ante la denuncia de que barcos chinos, que se hallan en aguas aledañas a la Zona Económica Exclusiva (ZEE), son abastecidos de combustible por barcos ecuatorianos. Ante este cuestionamiento, Salvador respondió que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica y sanciona delitos relacionados con almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos en mar territorial.
De su parte, la parlamentaria Brenda Flor consultó si era factible ampliar la Zona Económica Exclusiva para preservar las especies marinas protegidas y en peligro de extinción, a lo que el Procurador citó el artículo 57 de la Convemar la ZEE no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.
Cancillería
Los comisionados recibieron al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Luis Gallegos Chiriboga, quien indicó que defenderá siempre la soberanía del Ecuador y actuará por todos los canales para defender el uso sostenible de sus recursos naturales. Así mismo, sostuvo que la Armada ha verificado la presencia de 280 embarcaciones pesqueras en aguas “vecinas” a la zona exclusiva.
Además, se ha puesto en conocimiento del Gobierno de China que el Ecuador hará prevalecer sus derechos marítimos sobre la ZEE sin distinción de bandera; también, por disposición del Presidente de la República, se formó un grupo de trabajo público privado el cual diseñará una estrategia de ampliación y protección ambiental de las Islas Galápagos.
En otro aspecto, el Ecuador propuso la convocatoria a una reunión extraordinaria de la Asamblea de la Comisión del Pacífico Sur, que se llevará a cabo el próximo 5 de agosto, donde se identificarán posibles acciones para afrontar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
Moción
La Comisión aprobó con 7 votos una moción planteada por el asambleísta Juan Cárdenas para que el Procurador General del Estado y el Ministro de Relaciones de Exteriores comparezcan de forma reservada a la Comisión, con el fin de que informen detallada las acciones desplegadas en defensa del Ecuador ante la presencia de la flota pesquera en aguas cercanas a la ZEE.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, convocó para el lunes 3 de agosto, a las 14h00, al procurador General del Estado, Íñigo Salvador; al canciller de la República, Luis Gallegos Chiriboga, para que, en el ámbito de sus competencias, expliquen respecto de la sobrexplotación de flota pesquera China en el corredor marítimo existente entre las aguas territoriales del Ecuador Continental y el de las Islas Galápagos.
Los parlamentarios demandan la urgente intervención de la autoridad prevista en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), a fin de que se haga respetar las disposiciones establecidas en los artículos 136, 137 y 153 de la misma.
En cambio, Luis Gallegos Chiriboga, indicará las acciones emprendidas por la Cancillería para protestar por el abuso que la flota pesquera china y para evitar que en el futuro se siga produciendo la presencia intimidante de esta flota pesquera en las cercanías a nuestro mar territorial, entre otros cuestionamientos.
Luego los parlamentarios centrarán su atención en la comparecencia del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda Molina, quien señalará las acciones realizadas para impedir que se siga efectuando el cobro ilegal del Bono de Desarrollo Humano, por parte de ciudadanos que, sin ser los reales beneficiarios, lo hacen en la provincia de Pastaza, y en todo el país.
Posteriormente, los comisionados tomarán una resolución sobre el pedido del asambleísta Juan Pablo Velín, para que comparezca Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) y Julia Landázuri, Secretaria Técnica de la CTEA, para que informen sobre las posibles reducciones que se estarían implementando al Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico y al Fondo Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Finalmente, avanzarán con el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
La Comisión de Biodiversidad avanza con el análisis de las reformas al Código de Ambiente, que unifica cinco propuestas legislativas. Hoy, los comisionados recibieron a representantes del área veterinaria, de lidias de gallos y toros, así como del proponente del proyecto de Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA), quienes consideraron de vital importancia las reformas que realiza la mesa legislativa para proteger a los animales y al medio ambiente.
Cristina Cely, médico Veterinario Zootecnista, especialista en Bienestar Animal y Conservación, precisó que, según las normas internacionales, el bienestar animal está ligado a la relación a las condiciones en las que vive y muere con respecto a su entorno. Propuso incluir en la propuesta del exasambleísta Jorge Yunda, la regularización, control, sanción de la reproducción de animales de compañía con fines comerciales; asi como, la prohibición de la venta en locales comerciales, mercados, internet, con la consideración de vedas reproductivas en épocas de emergencia sanitaria, entre otras.
Entre tanto, Cristina Alarcón, ingeniera ambiental y directora de la Organización de Rescate de Fauna Urbana, dijo estar de acuerdo que se debe velar por el bienestar animal en la tenencia, crianza, comercialización, reproducción, adopción, transporte y eutanasia. Pidió incluir planes y programas de rescate, manejo y control de poblaciones de animales, incluso víctimas de maltrato, campañas educativas e informativas sobre bienestar animal, priorizando la educación comunitaria, así como de esterilización y adopción responsable.
Por su parte, Guillermo Lomas, defensor de las lidias de gallos, mencionó que se debe mantener las peleas de gallos porque es una tradición arraigada en la cultura ecuatoriana. Estas prácticas no pueden ser consideradas como de violencia en contra de los animales, más bien debe ser comprendido dentro de su real dimensión, agregó. En cambio, Israel Tello Presidente del Grupo Jesús del Gran Poder, Cultura y Tradiciones, consideró que las corridas de toros deben volver porque ello ayudaría a la reactivación de pequeños y medianos productores, no solo de alimentos, comerciantes sino de todas las familias que dependen de esta actividad.
El asambleísta Fredy Alarcón agradeció a los comparecientes por las observaciones expuestas y señaló que serán analizadas al interior de la mesa legislativa, junto con otras propuestas que receptan los parlamentarios.
Protección de fuentes y ríos de agua
La Comisión de Biodiversidad invitó al asambleísta Tito Puanchir, autor del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad, quien precisó la necesidad de incorporar en el artículo 27 del Código, un numeral, para coordinar (de ser necesario), con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) provincial de su respectiva circunscripción; la realización de planes, programas, proyectos y la ejecución de obras de conservación, prevención y/o remediación de la contaminación de ríos, lagos, lagunas, quebradas y/o humedales.
A los GAD municipales y metropolitanos les queda prohibido efectuar descargas de aguas residuales en estos cuerpos de agua.
Con 8 votos afirmativos, la Comisión de Biodiversidad resolvió citar al ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda Molina, para que informe sobre el cobro ilegal del Bono de Desarrollo Humano por ciudadanos que no son beneficiarios, en la provincia de Pastaza y en todo el país.
El pedido lo formuló el legislador Henry Moreno, quien señaló que este tema es latente a nivel nacional, pues el Bono de Desarrollo Humano lo están cobrando personas que realmente no están en condiciones de vulnerabilidad. Lo triste es que cuando uno de los beneficiarios reales acude a una institución financiera, les informan que el bono ya fue pagado.
Debido a las labores de sobrexplotación pesquera que realiza la República Popular China en el corredor marítimo existente entre las aguas territoriales del Ecuador Continental y el de las Islas Galápagos, la Comisión de Biodiversidad citará, para la próxima semana, a Íñigo Salvador Crespo, procurador General del Estado y a Luis Gallegos Chiriboga, canciller de la República.
Los funcionarios, en el ámbito de sus competencias, informarán sobre las implicaciones que se derivan de esta actividad, considerando que las mismas no se conduelen de las necesidades alimenticias y de los derechos que sobre los recursos ictiológicos tienen los habitantes de los países del mundo. Además, en este caso, atentan contra la seguridad y soberanía alimentaria del Ecuador y los países vecinos.
Así mismo, en el marco de la incursión que realiza la flota pesquera china a las aguas internacionales del corredor marítimo, los parlamentarios recibieron a Marco García León, representante de la Organización Conservacionista Internacional Sea Shepherd, quien señaló que esta entidad tiene como misión salvar la vida salvaje y los hábitats marinos, mediante la aplicación, fortalecimiento y desarrollo de leyes protectoras, tratados, políticas y prácticas en todo el mundo.
García indicó que la Fiscalía junto con Sea Shepherd Legal organizó una serie de seminarios sobre el comercio ilícito de especies marinas, funciones de diversas instituciones, estudio de casos, el costo de la inacción.
De inmediato, el legislador Juan Cárdenas recordó que 26 toneladas de aletas de tiburón zorro y sedoso, que son especies protegidas fueron incautadas en Hong Kong, China, que iban al país asiático en dos contenedores de origen ecuatoriano. En este caso, las autoridades competentes dijeron que no había delito que perseguir, porque no hay marco legal.
De su lado, el parlamentario Washington Paredes, indicó la necesidad de proteger el mar territorial ecuatoriano, porque las embarcaciones no solo incursionan en el límite de la Zona Económica Exclusiva Insular, además contaminan sus aguas porque votan desperdicios.
Mientras, la legisladora Brenda Flor precisó que la pesca ilegal cometida por la flota China, es un problema de larga data, por ello, señaló la necesidad de fortalecer lazos de integración regional para declarar el corredor marino, orientado a preservar la producción marina.
Entre tanto, la legisladora Marcela Aguiñaga subrayó que el trabajo de los organismos no gubernamentales debe ir acompañado de políticas públicas claras. Sugirió que el Ministerio de Ambiente indique cómo está la asignación de recursos para el control de la reserva marina de Galápagos y quién abastece de combustible a barcos chinos. También pidió que se convoque a las autoridades pesqueras para que informen cómo se está controlando la pesca incidental en el Ecuador.
La Comisión de Biodiversidad, con 9 votos, requerirá al Gobierno Nacional solicite a la cooperación internacional llegue a un acuerdo para que se establezca un corredor marítimo en el espacio existente entre la Zona Económica Exclusiva del Ecuador Continental y el de las Islas Galápagos para la preservación de las especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Además, resolvió que el Ministerio de Ambiente informe si cuenta y cuáles son los recursos económicos existentes para la preservación de las especies marinas de Galápagos; y, requerirá la comparecencia de las autoridades pesqueras para que informen las inquietudes relacionadas con la pesca incidental que se está danto en el país.
Las bondades con que cuenta la provincia de Imbabura, entre ellas, lagos, volcanes, riqueza geológica, pueblos diversos con su propia cultura, permitieron que la Unesco lo califique como un Geoparque Mundial único, que ayudará a posicionar a Ecuador a nivel mundial, en términos turísticos. Actualmente, es necesario tener una ley que incluya recursos para dar un tratamiento especial a este sitio e impulsar tres ejes esenciales: educación, conservación y geoturismo, señaló, Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope).
Este criterio lo emitió, de manera virtual, Pablo Jurado, en la sesión de la Comisión de Biodiversidad que lleva adelante el tratamiento del proyecto de Ley de Geoparques Mundiales de la Unesco en Ecuador. Agregó que no es conveniente incluir el tratamiento de este proyecto dentro de las reformas al Código de Ambiente porque la normativa debe ser específica ya que será la base para que otros sectores del país (8) que están en proceso de calificación de Geoparques Mundiales, se beneficien.
Los parlamentarios señalaron su apoyo para impulsar la propuesta de Ley, más aún cuando el país sería pionero en contar con una ley en este sentido.
Deporte
Unidos en una sola voz, Pablo Batallas, presidente de la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de Galápagos (Fedeligal), Kevin Guaycha, de Fedegalápagos; Gresia Alcívar, presidenta de la Federación Deportiva Estudiantil y Fernando Mullo, abogado de las tres organizaciones deportivas, solicitaron a la Comisión de Biodiversidad, incluir en las reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos, un artículo que tome en cuenta el deporte y recreación de niños, adolescentes y adultos mayores.
Pablo Batallas indicó que presentarán a la mesa legislativa un proyecto en el cual proponen que se les entregue el 3 % de los recursos que percibe la provincia de Galápagos por tributos de turismo. Esto permitirá el desarrollo de las actividades deportivas y que las tres organizaciones provinciales capten recursos para el impulso y desarrollo deportivo en la provincia.
Fernando Mullo, precisó que ese 3 % de recursos representaría alrededor de 500 a 600 mil dólares anuales que sería distribuido en base a la necesidad de cada organización deportiva para que puedan desarrollar sus actividades no solo internas sino a nivel de continente.
Los valores serían entregados por la Secretaría Técnica de Galápagos, una vez que cada organización presente sus proyectos en materia deportiva, a su vez estarían obligados a entregar un informe del uso de recursos justificado.
Kevin Gaycha y Gresia Alcibar, señalaron que el deporte y la recreación son vitales, lo determina la Constitución y, por tanto, se debe tomar en cuenta en las reformas a la Ley de Galápagos el porcentaje planteado.
El legislador, Washington Paredes, quien participó en la sesión de la Comisión de Biodiversidad, dijo que tiene lista una propuesta legal para el desarrollo deportivo en la provincia de Galápagos.
Código de Ambiente
La Comisión de Biodiversidad, además, revisó el contenido de las propuestas de reformas al Código de Ambiente, con las cuales se propone fortalecer las competencias de los gobiernos provinciales para la ejecución de planes, programas, proyectos y obras de conservación, prevención o remediación de la contaminación de ríos, lagos, lagunas, quebradas o humedales.
Así mismo, que se prohíba a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos efectuar descargas de agua residuales en ríos, lagos, lagunas, etc.
Comparecencia
Debido al deslizamiento de tierra en el cauce del río Coca, que se produjo la tarde de este sábado 18 de julio de 2020, los comisionados resolvieron invitar al Ministro de Ambiente y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para que indiquen las acciones preventivas para evitar problemas en poblaciones aledañas que se ubican en la parte baja y en las vías cercanas donde hay tránsito de vehículos, además, señalen qué acciones se han previsto para que los habitantes estén preparados en caso de que el evento de deslizamiento de tierra continúe.
La Comisión de Biodiversidad, el lunes 20 de julio, a las 09h00, recibirá manera virtual, a Pablo Jurado Moreno, prefecto de la provincia de Imbabura y presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), así como a Carlos Merizalde, director General de la Cooperación Internacional y Geoparque en el Gobierno Provincial de Imbabura, para que den sus observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Geoparques Mundiales de la UNESCO en el Ecuador. También, narrarán sus experiencias respecto del proceso de reconocimiento de Imbabura como primer Geoparque Mundial del Ecuador.
De inmediato, los comisionados escucharán a Pablo Batallas, presidente de la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de Galápagos (Fedeligal), a Kevin Guaycha, de Fedegalápagos; y, Gresia Alcívar, de la Federación Estudiantil, quienes expondrán sus inquietudes y necesidaes sobre temas relacionados al ámbito deportivo en la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos.
En la agenda de trabajo también se registra la lectura, análisis y aprobación del borrador de articulado del proyecto de Ley de Reformas al Código Orgánico del Ambiente (Coam), obtenido de los proyectos de ley en trámite unificado, presentado por los asambleístas Fernando Ugarte, Tito Puanchir, Marcela Aguiñaga, José Chalá y el exlegislador Jorge Yunda, a ser previsto en el informe para primer debate.
En la convocatoria se especifica que queda pendiente de conocimiento y aprobación las propuestas normativas realizadas en el Pleno de la Asamblea Nacional, durante la sesión en la que se avocó conocimiento el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de Ambiente y que, actualmente, está en proceso de sistematización, al igual que las que se están receptando en el proceso de socialización.
JLVN/cz
Saadia Sánchez, representante de la Unesco en Ecuador, calificó de importante que nuestro país cuente con una normativa específica de Geoparques Mundiales que permitirá la sostenibilidad en los modelos de desarrollo para cada sitio, articulando acciones con comunidades y actores locales y nacionales, además que esté aliada a los postulados de la Constitución, al Plan Nacional de Desarrollo, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Este pronunciamiento lo formuló, de manera virtual, en la Comisión de Biodiversidad, donde destacó que sin una ley que establezca el cómo los geoparques mundiales se inserten en la estructura del Estado, su funcionamiento y aportes podrían quedar en un segundo plano o inclusive desaparecer.
Mencionó que el desarrollo de los Geoparques Mundiales de la Unesco supone 10 áreas medulares de trabajo: geoconservación, manejo de riesgos geológicos, recursos naturales, geociencia, cultura, geoeducación, desarrollo sostenible, geoturismo, cambio climático, enfoque de género, conocimiento local y saberes ancestrales.
Destacó la creación del Comité Ecuatoriano de Geoparques, que sigue las directrices operativas que aseguran la coordinación entre los niveles de gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, en cuyos territorios se designen Geoparques Mundiales, especialmente para el desarrollo de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es decir, la planificación conjunta y participativa de los distintos ministerios: Ambiente y Agua, Turismo, Cultura, entre otros, en la concienciación y sensibilización sobre dicho patrimonio.
Comisión general
Los comisionados escucharon también al asambleísta José Chalá, autor del proyecto de Geoparques Mundiales de la Unesco en Ecuador, quien destacó que su propuesta busca concienciar a la sociedad sobre la importancia y cuidado de la geodiversidad y del patrimonio geológico, así como promover mejores prácticas de protección, educación, turismo sostenible, convirtiéndose al mismo tiempo en una fuente de ingresos para las comunidades que habitan en los geoparques.
Reformas Código Ambiente
La Comisión de Biodiversidad también revisó y analizó el informe técnico jurídico de pertinencia constitucional y legal de las propuestas de reforma al Código Orgánico del Ambiente de iniciativa de los legisladores: Fernando Ugarte, Tito Puanchir, Marcela Aguiñaga, José Chalá y el exasambleísta Jorge Yunda, para ser tramitados de manera unificada a fin de elaborar el informe para primer debate.
En el análisis de los cinco proyectos se indicó que un Código Orgánico tiene más peso que una ley independiente, refiriéndose al proyecto de Geoparques Mundiales, sin embargo, el asambleísta José Chalá, reiteró su pedido para que no se incluya su propuesta dentro de las reformas al Código Orgánico de Ambiente. La mesa legislativa tomará una resolución sobre este particular.
JLVN/cz
