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La Comisión de Biodiversidad con ocho votos aprobó el informe para segundo debate del proyecto que reforma el Código de Ambiente y el de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), por el cual se busca promover la protección de los derechos de los animales de la fauna urbana, además establecer en la legislación, la creción de geoparques que proviene de importantes experiencias de la Unesco. Así mismo, busca la prevención de daños ambientales y medidas temporales para prevenir la pesca ilegal y la prohibición del uso de palangre en Galápagos.
En este marco, el proyecto tiene seis ejes: la conservación, prevención y remediación de la contaminación de ríos, lagos, lagunas, quebradas y humedales; recuperar los espacios naturales actualmente degradados y mayor estándar de protección en áreas protegidas; inclusión del modelo de gestión de la geobiodiversidad de los Geoparques de la Unesco y sobre la normativa sobre fauna urbana y exótica, del mismo modo incorpora las estrategias para la mitigación del cambio climático a través del arbolado urbano, además que dentro de las reformas al Cootad se busca fortalecer la gestión de residuos sólidos.
Entre otros aspectos, el proyecto establece que el Estado recuperará los espacios naturales actualmente degradados según su competencia. Los ciudadanos recuperarán los sitios naturales actualmente degradados dentro los predios de su propiedad cuando es su responsabilidad directa.
Así mismo, la obligatoriedad de coordinar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales de la respectiva circunscripción provincial, planes, programas, proyectos y la ejecución de obras de conservación, prevención y/o remediación de la contaminación de ríos, lagos, lagunas, quebradas y/o humedales.
Se generan normas, procedimientos e incentivos a los actores y participes que colaboren con el aprovechamiento sustentable de aquellos desechos sólidos no peligrosos, en especial los originados a partir del uso doméstico, los mismos que permitan prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar la contaminación y los daños ambientales, todo esto una vez que el GAD haya sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental.
Se determina que los GAD Municipales o Metropolitanos serán los responsables del manejo y procesamiento integral de residuos sólidos peligrosos, no peligrosos y desechos sanitarios generados en el área de su jurisdicción; por lo tanto, están obligados a fomentar en los generadores alternativas de gestión e incentivos de permanencia en cada uno de los cantones, de acuerdo al principio de jerarquización, así como la investigación y desarrollo de tecnologías. Estos deberán establecer los procedimientos adecuados para barrido, recolección y transporte, almacenamiento temporal de ser el caso, acopio y transferencia, con enfoques de inclusión económica y social de sectores vulnerables.
Entre tanto, agrega un capítulo de los geoparques mundiales de la Unesco en el Ecuador, con una perspectiva de gestión participativa local combinanda con la conservación y el desarrollo sustentable, sostenible enmarcado en el desarrollo de los derechos de la naturaleza y el involucramiento de las comunidades locales.
En materia de fauna urbana y silvestre, se prohíbe la introducción al territorio nacional, ya sea de forma temporal o permanente, de cualquier tipo de especies exóticas de la fauna silvestre que puedan perturbar el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio ambiental.
Para regular el bienestar animal, se agregan algunos articulos. Entre otros, prevé que se diseñe e implemente planes y programas de prevención, rescate, manejo y control de poblaciones de animales, incluidos animales víctimas de maltrato; campañas informativas y educativas sobre bienestar animal, tenencia responsable y coexistencia humano-animal, priorizando la educación comunitaria; así como de esterilización de animales y adopción responsable.
A través de una disposición transitoria se dispone la prohibición temporal de la comercialización de la pesca incidental desde la vigencia de la presente ley hasta un año después de especies protegidas, amenazadas y en peligro de extinción, con el fin de que se utilicen artes de pesca correctas en el país que serán verificadas por la autoridad nacional de pesca junto con la autoridad nacional ambiental.
Se prohíben las autorizaciones de exportación de pesca incidental por cuatro años. El Ministerio del Ambiente podrá, mediante acuerdo ministerial, extender la prohibición de la comercialización de la pesca incidental por dos años consecutivos más. Además, se incluye la prohibición definitiva del uso del palangre u otras estrategias de pesca similares, con el fin de reducir la pesca incidental en la Reserva Marina de Galápagos.
Los parlamentarios, con 8 votos, resolvieron incluir un articulado sobre el arbolado urbano.
La Comisión de Biodiversidad rechazó la inasistencia del Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) Agustín Albán a la convocatoria de la mesa. El funcionario debía informar el avance de los expedientes de creación de las universidades de Sucumbiós, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, así como el Plan de Intervención del Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro, para el cantón La Joya de los Sachas de la provincia de Orellana. Por tercera ocasión convocarán al funcionario este el viernes 30 de abril, a las 08h00.
Los parlamentarios señalaron que el funcionario de la Senescyt no entiende el nivel de su responsabilidad frente a la Asamblea Nacional y la facultad fiscalizadora, razón por la cual, por segunda ocasión, se excusó de acudir, desacatando lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En este marco, los parlamentarios con 9 votos resolvieron que el secretario Agustín Albán, comparezca obligatoriamente en la fecha indicada donde además deberá entregar los expedientes documentales realcionados con las instituciones de Educación Superior, los cuales deberán incluir las acciones, políticas, gestiones, financiamiento, presupusto, cronogramas y demás aspectos relacionados con la gestión realizada sobre el cumplimiento de la Ley Amazónica, en lo que respecta a la obligación de crear las cuatro universidades.
Además, la Comisión, enviará un oficio al Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo y a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) informando el desacato del titular de la Senescyt que está obligado a rendir cuentas en la Asamblea Nacional y que por segunda ocasión, no acude, a fin de que en el marco legal tomen las decisiones por este incumplimiento.
Adicionalmente, en la Comisión, se indicó que la ciudadanía de la amazonía espera respuestas de la creación de las universidades. Han pasado dos años y aún no se llega a concreciones. Dijeron que los jovenes están interesados en conocer en qué estado queda el proceso de creación de las universidades. Recordaron que Albán se comprometió a entregar los expedientes completos antes de concluir este período de gestión del Parlamento y del Gobierno Central.
Señalaron que la mesa legislativa presentará un informe completo de este proceso que ha llevado adelante y de todo el trabajo emprendido por la actual Comisión, a efectos de que los nuevos parlamentarios electos de la Amazonía den seguimiento al mismo.
La Comisión de Biodiversidad, con 7 votos a favor y 2 abstenciones, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería. Le propuesta busca apoyar y regular la minería artesanal y pequeña minería, establecer herramientas de planificación y control minero, garantizar los derechos de la naturaleza y protección de la biodiversidad y determinar las autoridares de control, regulación y fiscalización para que puedan disponer inspecciones en áreas de exploración y explotación minera.
Entre otros aspectos, a través del cuerpo legal se crea un entorno de protección a la minería legal y mayor seguimiento y sanción a la minería ilegal. En este sentido, la norma prevé que los equipos, maquinaria y vehículos que sean decomisados como efecto de las actividades de la minería ilegal deban ser donados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de las zonas donde se haya detectado la realización de estas actividades ilegales, para que lo utilicen en el desarrollo de los territorios.
Establece la obligatoriedad del plan de cierre de las operaciones mineras que deben incluirse en los estudios de impacto ambiental para las actividades de explotación, beneficio, fundición o refinación. Esto con el objetivo de asegurar la rehabilitación y retorno de las áreas afectadas, así como la protección de los bosques protectores, fuentes de agua y los ecosistemas frágiles que permitan el desarrollo de otras actividades productivas y las necesidades básicas de las poblaciones.
Para garantizar los derechos colectivos a la información, participación y consulta, se determina que previo al otorgamiento de una concesión minera debe efectuarse una consulta previa a las poblaciones, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del área de influencia directa o indirecta, así como veedurías ciudadanas. En el marco de los principios de transparencia, se prohibe clasificar como información reservada la que pueda contener datos de afectación o vulneración de derechos humanos y de la naturaleza.
En el informe para segundo debate constan las disposiciones que prescriban las inhabilidades para solicitar concesiones mineras, por tanto, se define que las personas naturales y jurídicas que hubieran perdido su calidad de concesionarios mineros debido al incumplimineto de una o más obligaciones legales o contracturales derivadas de la concesión minera, no podrán volver a obtener, por sí mismas o a través de sus partes relacionadas, una concesión minera o en aquellas áreas cubiertas, total o parcialmente, por la concesión original no en otras área minera, en el plazo de 10 años a partir de la fecha en que se haya ejecutoriado el correspondiente acto administrativo de caducidad de dicha concesión.
Además, plantea que el Estado proporcione las mejores condiciones para que la minería artesanal, se sume al proceso contractual minero, considerando e incorporando los estándares de sostenibilidad económica, social y ambiental, que es preciso cumplir por todos los actores interesados en realizar esta actividad económica.
Previo a la votación del informe los comisionados analizaron algunos artículos que quedaron pendientes de resolución. Así, dentro de las atribuciones de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables se establece que debe implementar mecanismos de medición y verificación de los tipos, cantidad y calidad de los recursos minerales metálicos y no metálicos extraídos de las concesiones y proyectos mineros que operan en el Ecuador.
El informe indica que la mesa legislativa revisó 64 observaciones. Los legisladores destacaron que en el informe para segundo debate se recoge varias propuestas legislativas, así como los criterios por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Cámara de Mineria y de varios colectivos sociales.
La Comisión de Biodiversidad analizó las observaciones planteadas por asambleístas durante el primer debate en el Pleno sobre las reformas a los Códigos de Ambiente y de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). El lunes 26 de abril, a las 09h00, podrían aprobar el informe para segundo debate, conforme señaló el presidente de la mesa legislativa, Alberto Zambrano.
Comparecencias
Previo a iniciar la revisión de observaciones, la Comisión de Biodiversidad escuchó a Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara de Pesquería, quien pidió que se elimine la disposición transitoria cuarta del proyecto de reformas al Código de Ambiente en razón de que afecta a los pesqueros artesanales quienes se abastecen de pesca acompañante.
Por su parte, Guillermo Morán, gerente de los armadores de la Cámara de Pesquería, señaló que existen programas de capacitación y entrenamiento continuo a tripulantes atuneros para proteger la fauna marina. Precisó que en el 2018 y 2019, gracias a esta capacitación se logró liberar 3856 tiburones, 106 tortugas y 125 móbulas. Dijo que prohibir comercialización de pesca incidental traería graves consecuencias, impacto en la pesquería costera y artesanal de altura.
Planteó que como acciones se impulse que todas la flotas tengan un código de buenas prácticas para el manejo integral de pesca incidental y liberación de especies vulnerables en pesquerías artesanales e industriales; así como, incrementar programas de monitoreo humano o electrónico en flota palagrera y de transmallo artesanal.
El asambleísta Juan Cárdenas dijo que le llama la atención el pedido planteado por la Cámara de Pesquería, de eliminar la disposición transitoria cuarta del proyecto de reformas al Código de Ambiente, contraviene la lógica de lo que se busca: cuidar la biodiversidad, la fauna y la flora del país.
Luego, los comisionados recibieron a María Celi, representante de One Health-Ecuador, quien destacó la intención de la mesa legisaltiva de no afectar las actividades de las comunidades artesanales que viven de la pesca artesanal, lo cual demuestra que se vela por la economíá de la gente. Pidió a la Comisión no considerar el pedido de la Cámara de Pesquería que propone que se elimine la disposición transitoria, porque solo buscan sus propios beneficios.
Debate articulado
Varios artículos fueron analizados en la Comisión de Biodiversidad. Algunas observaciones fueron acogidas y otras negadas, por ejemplo, los comisionados consideraron necesario garantizar los derechos ambientales y de la naturaleza, las obras, actividades o proyectos que generen mediano o alto impacto ambiental, pon tanto, incluirán en los planes, programas y acciones que establezcan los criterios básicos y las medidas preventivas para favorecer la recuperación y conservación de los recursos hídricos.
Así mismo, la facultad de los GAD provinciales de generar normas, procedimientos e incentivos a los actores y partícipes que colaboren con el aprovechamiento sustentable de aquellos desechos sólidos no peligrosos, en especial los originados a partir del uso doméstico. En otro orden, no acogieron la propuesta de eliminar el Comité de Geoparques, porque su función es establecer el protocolo internacional, regido por la Unesco para los procesos de calificación.
Los mesa legislativa consideró oportuno incluir en el Consejo Consultivo Terriorial para Promoción de los Geoparques del Ecuador, a las comunidades. Respecto de la regulación de especies exóticas se destacó que muchas especies extrañas al territorio causan problemas a nuesta fauna y flora. En cuanto a las responsabilidades de los Gobiernos Autónomos (GAD) municipales o metropolitanos, aceptaron que estos sean responsables del manejo integral de residuos sólidos no peligrosos, desechos sanitarios, así como los originados a partir del uso doméstico generados en el área de su jurisdicción.
Los parlamentarios debatieron el tema de la importación de basura. Se cuestiónó que se lleve a otros territorios cuando lo esencial es tratarlos en las propias jurisdicciones. La mesa legislativa resolvió preparar un texto respecto a la prohibición de traslados de basura y que la Autoridad Ambiental dicte las excepcionalidades. Respecto a la separación de basura para ser reutilizable indicaron que hay que avanzar en estas prácticas que hacen bien a la sociedad, por tanto, se elaborará un artículo por por el cual se obligue a los municipios entregar los materiales necesarios para implementar estas prácticas.
Otro tema ampliamente debatido, fue la propuesta de reducción de uso de fundas y sorbetes plásticos. El organismo parlamentario resolvió retirarlo de las reformas al Código de Ambiente, en virtud de que la Asamblea Nacional ya aprobó una ley específica.
Entre tanto, sobre las reformas al Cootad, consideraron importante establecer las competencias exclusivas de los GAD municipales para que inviertan recursos en los sistemas de residuos para procesarlos.
Sobre la disposición transitoria cuarta, que dispone la prohibición temporal de la comercialización de la pesca incidental, dijeron que se refiere a las especies protegidas, como los tiburones, es decir, no se busca afectar el ámbito económico, sino cumplir con las normas internacionales.
En este marco, la Comisión reestructurará el articulo clarificando el amparo a las especies protegidas. La próxima sesión, se recibirá a dos expertos en materia de pesca incidental.
Nueva comparecencia
En la sesión 78 de la Comisión de Biodiversidad debía comparecer de forma virtual, Agustín Albán, secretario de la Senescyt, para que informe sobre el expediente de creación de las cuatro universidades estatales de las provincias amazónicas; sin embargo, a través e un oficio dirigido a la mesa legislativa señaló que debido a problemas de salud, al haber sido diagnosticado con Covid-19, no pudo comparecer ante la mesa. Los parlamentarios resolvieron convocarle, en sesión extraordinaria, el próximo 28 de abril.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, adelantó que el miércoles 21 de abril, a las 09h00, la mesa legislativa escuchará a Agustín Albán, secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), para que conforme a su ofrecimiento y antes de que concluya el presente período presidencial, informe sobre el contenido del expediente íntegro que corresponde a la creación de las universidades estatales de las provincias amazónicas.
Los parlamentarios fundamentan su pedido de conformidad con lo que determina la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que determina la creación de universidades, en especial en Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
El funcionario igualmente informará los detalles relacionados con el Plan de Intervención del Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro, para el cantón La Joya de los Sachas de la provincia de Orellana. Previo a su comparecencia, entregará los expedientes documentales relacionados con estas instituciones de educación superior, los cuales deberán incluir las acciones, políticas, gestiones, financiamiento, presupuesto, cronogramas y demás aspectos relacionados con la gestión realizada.
Posterior a la sesión 078, el presidente del organismo legislativo conovó a la continuación de la sesión 077, con el fin de leer, analizar y aprobar el articulado del informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad)
La Comisión de Biodiversidad concluyó la revisión de un totoal de 42 artículos que reforman la Ley de Minería, planteados por varios asambleístas durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La mesa legislativa, hoy, acogió temas relacionados con el derecho a la información, participación y consulta, veeduría ciudadana, prohibición de confidencialidad, inhabilidad para solicitar concesiones mineras, minería artesanal, entre otros artículos y disposiciones generales y transitorias.
En el debate, los parlamentarios cuestionaron la falta de interés por parte de los Ministerios de Ambiente y Agua; y de Recursos Naturales no Renovables, de no remitir sus observaciones a las modificaciones e inclusión de artículos en las reformas a la Ley de Minería, pese a las insistencias constantes desde hace tres meses, por tanto, harán constar en el informe para segundo debate esta irresponsabilidad.
Por ejemplo, se requerían criterios sobre la medición total, tipos, cantidad, calidad de los recursos minerales metálicos y no metálicos extraídos de la minería a gran escala y que serán procesados en las plantas de beneficio, fundición y refinación, que deberán estar ubicados dentro del territorio nacional. Ante la falta de observación, los legisladores decidieron incluir en el informe para segundo debate este tema para que el Pleno se pronuncie, tomando en cuenta el alto costo que esto significaría y la posibilidad de generar mayor contaminación ambiental.
El presidente de la Comisión, Alberto Zambrano, dispuso a la mesa técnica realizar los cambios y agregados, de conformidad con los debates realizados en la Comisión, a fin de estructurar el informe para segundo debate que será conocido y aprobado la próxima semana por los comisionados.
Respecto al derecho a la información, participación y consulta, los parlamentarios consideraron oportuno establecer cómo y dónde aplicarse la consulta previo al otorgamiento de una concesión minera, autorizaciones para la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición y refinación, tomando en cuenta que el vigente artículo 87 de la Ley tiene un carácter de imprecisión e indefinición sobre los procesos de participación y consulta previa.
En cuanto a las veedurías, se determinó que previo al inicio de las fases de exploración y explotación de los proyectos de minería a gran escala, mediana y pequeña minería, la ciudadanía interesada en el proyecto podrá conformar una veeduría ciudadana, de conformidad con la Ley, la cual tendrá las atribuciones de formular recomendaciones en aspectos: ambiental, social, laboral, diseños de producción e ingeniería y otros que sean relevantes en su ejecución.
La o las empresas a cargo de la ejecución del proyecto minero, así como los organismos estatales que se encuentren involucrados en el proyecto, tendrán la obligación de proporcionar toda la información necesaria que sea requerida por la veeduría ciudadana a excepción de aquella que sea calificada como reservada, de conformidad con la Constitución y la ley.
Sobre el sistema informático de transparencia de la gestión de las concesiones mineras señalaron que debe implementarse bajo los principios de igualdad y no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, pro persona, pro natura, no regresión y progresividad de derechos, buena fe, prevención, precaución, equidad intergeneracional, máxima publicidad, soberanía sobre los recursos naturales, igualdad soberana de los Estados y responsabilidad transfronteriza.
Los parlamentarios resolvieron que se prohíbe clasificar como información reservada la que pueda contener datos de afectación o vulneración de derechos humanos y de la naturaleza, con énfasis en los pueblos ancestrales, aislamiento voluntario o no contactados, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales.
Sobre la inhabilidad para solicitar concesiones mineras, los legisladores señalaron que las personas que hubieren perdido su condición de concesionarios, debido al incumplimiento de una o más obligaciones legales o contractuales derivadas de la concesión minera, no puedan volver a obtener una concesión por sí mismos o a través de sus partes relacionadas, en el plazo de diez años a partir de la fecha en que se haya ejecutoriado el correspondiente acto administrativo de caducidad de dicha concesión. Actualmente es de tres años.
La mesa legislativa reorganizó la estructura y dividió en varios artículos el contenido del 134 de la Ley, sobre normas relativas a la minería artesanal, haciendo constar características, pago de regalías, permisos, derecho al trabajo, permisos en áreas concesionadas, permisos para labores subterráneas, prohibición, trámite de permisos, control y manejo ambiental, asistencia técnica, mano de obra local, adquisicón de bienes y prestación de servicios.
La Comisión de Biodiversidad oficiará a la Contraloría General del Estado para que realice un examen especial a la Secretaría Nacional de Control de Gestión de Riesgos, con alcance al Gobierno Autónomo de Chunchi, sobre la contratación de obras para mitigar las consecuencias del deslizamiento de tierra que provocó desastres en los sectores de La Armenia y Chanchán, pertenecientes al cantón Chunchi, de la provincia de Chimborazo.
Esta resolución la tomó luego de conocer los hechos ocurridos el 12 de febrero de 2021, que provocaron la desaparición casi total del poblado de Chanchán, así como incalculables pérdidas de bienes muebles e inmuebles, animales de corral, la destrucción de la línea férrea y puentes de la zona, generando incertidumbre en sus pobladores.
En el marco, de la fiscalización los parlamentarios escucharon a Romel Salazar, director Nacional de Control de Gestión de Riesgos, quien indicó que de forma inmediata procedieron a la evacuación de las familias a centros de acogida, evitando de esta manera pérdida de vidas humanas.
Dijo que el evento provocó el deslizamiento de 115 hectáreas de tierra, afectando a 30 viviendas, dos puentes y el sistema de riego. Frente a ello, se establecieron cuatro albergues para alojar a 42 familias afectadas. Se establecieron estrategais para la recuperación y reconstrucción con la coordinación de instituciones competentes.
La legisladora Liliana Durán solicitó se indique cuál ha sido la ayuda emitida a las familias de Chanchán y si cuentan con el listado de personas afectadas.
Yessenia Díaz, coordinadora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, indicó que luego del aluvión se identificó en Chanchán 12 viviendas afectadas, de las cuales 5 fueron totalmente destruidas. Aclaró que las 30 viviendas afectadas constituye la totalidad de afectaciones en el cantón Chunchi.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde, precisó que solicitó al GAD municipal de Chunchi la donación de terrenos para la construcción de viviendas, razón por la cual se realizó el fraccionamiento de 30 lotes que fueron protocolizados e inscritos en el Registro de la Propiedad. Esta semana se realizarán las escrituras individuales para iniciar el proceso contractual de construcción de viviendas dentro del Plan Casa para Todos, para ubicar a los afectados.
El ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Taiano Gonzaléz, indicó que se entregó bonos emergentes en las parroquias del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, sobre todo a las personas adultas mayores. En total, 364 usuarios recibiron 120 dólares por una sola vez. Actualmente, brindan asistencia técnica permanente a las personas que se encuentran en los albergues, a través de los equipos de la misión Mis Mejores Años y Misión Ternura.
En cambio, la gobernadora de Chimborazo, Luisa Loza, señaló que las acciones se ejecutaron de forma coordinada con las instituciones competentes para dar respuesta inmedita a los afectados. Consideró importante que comparezca el Ministro de Agricultura en la Comisión de Biodiversidad para que indique las aciones para ayudar al sector agricultor.
El alcalde de Chunchi, Walter Narváez, mencionó que gracias a la articulación de gestiones entre los diferentes niveles de Estado, no hubo un solo muerto por efecto del aluvión. Se evacuó a alrededor de 200 personas. Pidió a los parlamentarios convoquen al Ministro de Transporte y Obras Públicas, para que asuma compromisos respecto de la vialidad (puentes) y un nuevo sistema de alcantarillado.
A su turno, el ministro de Ambiente y Agua, Marcelo Mata, relató las acciones inmediatas por efecto del deslizamineto de tierra e indicó que el 13 de abril realizó un recorrido para determinar las condiciones del sistema de agua potable de los sectores afectados. Así, dispuso el apoyo con soporte técnico para garantizar agua en cantidad, calidad y continuidad con planes de reconstrucción. Además dispuso la realización de un Plan agresivo de reforestación y se comprometió a conseguir recursos para dar atención a proyectos de riego rural.
Los parlamentarios también escucharon a Segundo y Bayron Peliza, Walter y Wilson Becerra, quienes explicaron la situación que atraviesan los pobladores de los sectores La Armenia y Chanchán. Señaron que hay poblados aledaños que fueron afectados pero no constan para darles la atención que corresponde por este desastre. Solicitaron el apoyo de las autoridades.
Fondó Común
La Comisión de Biodviersidad recibió a Alex Hurtado y Julia Landázuri, presidente y secretaria de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA). Hurtado precisó que las inversiones llegan del sector público, privado y cooperación internacional. Recordó que en la Amazonía hay necesidades básicas insatisfechas por la falta de acceso al servicio de agua tratada, alcantarillado, servicio eléctrico, telefonía fija y móvil, etc.
Precisó que a fines de este mes tendrán el Plan Integral Amazónico actualizado. Señaló que dentro de las líneas de inversión, se creó el fondo indígena para pueblos y nacionalidades con un porentaje del 10 %. Dijo que está por definirse el modelo de desarrollo para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Julia Landázui recordó que su labor se centra en lo que determinan los artículos 64, 65 y 66 de la Ley Amazónica, donde se decribe los parámetros de asignación para el Fondo Común. Indicó que en el 2020 ingresó al Fondo para el Desarrollo Sostenible el valor de 500 millones de dólares y al Fondo Común 500 millones de dólares.
El asambleísta Henry Moreno manifestó su descontento porque los funcionarios de la CTEA no explicaron nada sobre el Fondó Común, donde debían especificar quiénes son los beneficiarios, más aún cuando conoce de algunos GAD no han recibido recursos.
La Comisión de Biodiversidad, presidida por el asambleísta Alberto Zambrano, en sesión virtual, este miércoles, 14 de abril, trató varios temas, entre ellos, el costo del cilindro de gas de uso doméstico en territorio amazónico, para lo cual contó con la presencia del Ministro de Recursos Naturales no Renovables, del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y varios representantes ciudadanos.
René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, indicó que se mantiene congelado el precio de gas de uso doméstico, porque es de consumo de todos los ecuatorianos. La diferencia en costos puede darse cuando un ciudadano compra en los depósitos (1,60 dólares) o cuando le van a dejar a su casa (mayor costo).
Santiago Aguilar, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), explicó las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera. Actualmente es la institución encargada de regular, controlar y fiscalizar las operaciones en la industria hidrocarburífera.
En su turno, José Franco Magallanes, director técnico de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), indicó que hay nueve comecializadoras a nivel nacional y sobre ellas se ejerce el control permanente para que haya gas de uso doméstico en todo el país, con un valor de 1,60 dólares.
En la normativa que rige a las comercializadoras existen sanciones, en el caso que no se respeten los valores establecidos para la venta del gas de uso doméstico, aseguró el diector de la ARCH. Así mismo, aseveró que continuamente se hacen controles en Sucumbíos, el cuanto al control del estado de los cilindros, envasado, peso, despacho, control de la venta al consumidor final en depósitos minoristas, por un valor de 1.60 dólares los 15 Kg.
De su lado, el asambleísta Juan Cárdenas solicitó se responda sobre los hechos concretos denunciados en torno a la especulación y precio de gas licuado de petróleo en el catón Lagio Agrio, provincia de Sucumbíos.
Mientras, Alaberto Zambrano enfatizó que en Orellana, en los depósitos, se expende el cilindro a 2 dólares y en los carros de entrega a domicilio se vende hasta en 4 dólares. Por ello, exigió se hagan controles más rigurosos.
Entre tanto, Fredy Alarcón reiteró que este no es un problema de hoy y que se da a nivel nacional. Dijo que conoce que el Estado, en lugar de vender de manera directa a los distribuidores, establece la intermediación a empresas privadas extranjeras. ¿Quién hace el estudio para determinar el margen de ganancia de los cilindros de gas de uso doméstico?, preguntó el legislador.
De otro lado, Marco Mocha, en representación de los distribuidores de la provincia de Sucumbíos, aseverló que tienen limitaciones en esa jurisdicción, como por ejemplo cupo restringido y distancias más grandes, entre 150 kilómetros, en promedio, para abastecer de gas licuado, lo cual hace que el costo se incremente a 3,50 dólares el cilindro.
Narcisa Velasco, del Comité de Usuarios del cantón Lago Agrio, mencionó que el incremento del precio del cilindro de gas licuado trasciende desde hace años. Dicen que se permite solo lo que está escrito en la ley, pero se irrespeta el derecho de los ciudadanos a contar con un buen servicio y el precio justo. En el 2020 se acordó el costo en bodega de 1.60 dólares, 3 dólares en lo urbano y 3.50 dólares en lo rural, en los dos últimos casos el servicio debería ser puerta a puerta, lo cual no se cumple, advirtió.
Jorge Elizalde, presidente de la Federación de Barrios de Lago Agrio, denunció que los distribuidores, sin razón alguna, elevaron en 0.50 centavos el costo de entrega en el domicilio, aduciendo que es por la pandemia COVID-19.
Al respecto, el viceministro de Recursos Naturales no Renovables, Rubén Espín, señaló que la ARCH se encarga de realizar los controles respectivos. Recordó que el incremento a 3 o 3.50 dólares es un costo que se genera a nivel nacional, tomando en cuenta, muchas veces, las distancias que tienen que recorrer los distribuidores. Hay que entender el esfuerzo grande que hace el Estado para subsidiar el gas, dijo. Consideró que no s fácil solucionar los problemas sobre distribución del gas que se dan en todo el país, tanto por distancias, cuanto por servicio, al formular un llamado a los distribuidores para que recapaciten en torno a las condiciones en las cuales se cobra el suministro de gas.
Luego de las inquietudes emitidas por los legisladores, el director técnico de la ARCH indicó que, debido a las dencunias de alteración de precios en los bodegas de gas, inmediatamente fortalecerá los controles en Sucumbíos, a fin de establecer las sanciones correspondientes y, si es necesario, clausurarlas. Indicó que se puede incrementar los depósitos de gas licuado siempre y cuando se cumplan los requisitos.
El asambleísta Fredy Alarcón propuso al representante de la ARCH y al Viceministro de Recursos Naturales no Renovables, firmar un acta de compromiso en territorio para mantener los precios del gas, de acuerdo con lo que manda la norma. Estarían presentes en esta firma, la Comisión de Biodiversidad, junto con los representantes de los barrios, moradores y distribuidores de gas.
Las partes estuvieron de acuerdo, para lo cual se establecerán las coordinaciones necesarias, a fin de que, en los próximos días, se realice la firma de la mencionada acta de compromiso.
La Comisión de Biodiversidad analizó varias sugerencias planteadas por los asambleístas durante el primer debate del Proyecto de Reformas a la Ley de Minería, que se realizó el 20 de octubre de 2020, por el cual se propone la incorporación de algunos artículos. La mesa legislativa resolvió insistir al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, envié sus observaciones para estructurar una normativa que beneficie al país.
Hoy, los parlamentarios revisaron la inclusión de atribuciones a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y aceptaron que la institución deberá emitir informes de los procesos de otorgamiento, conservación y extinción de concesiones mineras; de autorización para la instalación y operación de plantas de beneficio, tratamiento, fundición y refinación; de la suscripción de contratos de explotación, por parte del Ministerio Sectorial; y de la suscripción de contratos de operación entre los titulares de concesiones mineras y mineros artesanales, de conformidad con la regulación efectuada por el Ministerio rector.
También, debatieron ampliamente el pedido de incorporar que en los proyectos de minería a gran escala se realice la medición total, tipos, cantidad y calidad de los recursos mineros metálicos y no metálicos extraídos, y que serán procesados en las plantas de beneficio, fundición y refinación ubicadas dentro del territorio nacional.
Sobre este particular, los comisionados señalaron que es interesante la propuesta en la necesidad de transparentar, cuantificar la cantidad exacta de los tipos de minerales explotados y exportados de los proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte, de lo cual deviene el cálculo de regalías para garantizar al país un ingreso. Sin embargo, habría que analizar cuánto le significaría al país, en materia presupuestaria, establecer las plantas de beneficio, fundición y refinación que deben estar ubicados en el territorio nacional.
En el debate, se indicó que para tomar una decisión, al ser un tema complejo, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables debe pronunciarse, más aún cuando esto podría significar un riesgo ambiental mucho más alto que el propio proyecto minero.
Así mismo, analizaron la incorporación del registro y catastro minero; así como el Sistema Único de Registro y Catastro Minero. Sobre este particular, la propuesta permitirá centralizar la información referente al registro de datos mineros como del catastro, aunque, no se incluye bajo qué formato o plataforma se implementará el Sistema Único de Registro, hecho que es importante, a pesar de que actualmente existe un sistema que abarca todo el catastro minero.
Precisaron que en la actualidad el catastro y el registro minero se encuentran regulados en el Reglamento General a la Ley de Minería, pero, sería conveniente definirlos en el texto de la Ley. Para evitar la duplicidad de norma, los parlamentarios solicitaron que el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables se pronuncie. Quedó pendiente este articulado.
Los comisionados revisaron la prohibición de toda actividad minera metálica y no metálica en cualquiera de sus fases dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, centros urbanos y poblados, en zonas declaradas como áreas intangibles, tierras y territorios de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Sobre este particular señalaron que ya consta en la Constitución, por tanto, acogieron la misma.
Sobre las concesiones mineras otorgadas a empresas subsidiarias o filiales de otras empresas domiciliadas en el Ecuador, se entenderá que han sido otorgadas a la empresa matriz, de la cual dependen administrativa y económicamente. Los parlamentarios creen que en las reformas a la Ley debe constar este particular, lo confirmarán mediante una consulta al Procurador de la Asamblea para no contradecir la normativa.
En otro orden, la Comisión acogió la propuesta planteada por el legislador Absalón Campoverde, en el sentido de que el Estado, a través del Ministerio rector, con el fin de generar fuentes de empleo, fomentar la producción y la reactivación económica, determinará zonas o áreas a ser destinadas exclusivamente a la realización de actividades de minería artesanal, en las cuales se otorgarán los permisos correspondientes, luego de cumplir con los requisitos técnicos, legales y ambientales, determinados en la ley y reglamentos correspondientes.
Campoverde explicó que la propuesta a más de fomentar trabajo y producción, busca generar una obligación al Estado, a fin de delimitar zonas para minería artesanal, con lo que se podrá mejorar el control de dicha actividad, evitando así la dispersión y los consecuentes impactos ambientales.
Entre otros aspectos, sobre los residuos mineros metalúrgicos, los parlamentarios determinaron que, en los proyectos de minería a gran escala, los relaves donde existan metales que pueden ser aprovechados serán procesados dentro del territorio nacional, cumpliendo con todos los requisitos ambientales de acuerdo a la normativa aplicable, así como el pago de regalías de conformidad con la Constitución y la ley. La autoridad minera expedirá el reglamento respectivo para estos aprovechamientos. En los casos de pequeña minería y minería artesanal los desechos y relaves serán aprovechados únicamente por el concesionario.
Analizaron las sanciones a la actividad minera ilegal. Según la reforma a la Ley de Minería, la maquinaria, equipos o vehículos utilizados en minería ilegal serán donados a los GAD que se encuentren en la zona donde se realice esa actividad. Los asambleístas consideraron que la propuesta beneficiará a la ciudadanía. Debatieron respecto de las inspecciones de las instalaciones y el plan de acción y medidas correctivas para subsanar los incumplimienos que se identifiquen. La mesa legislativa sugirió visitas sorpresivas a las instalaciones para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios.
