FORTALECEREMOS LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y LA PARTICIPACIÓN

Martes, 09 de enero del 2018 - 12:06 Imprimir

Presentamos nuestra propuesta en el segundo debate de la Ley Reformatoria al Código de la Democracia.

La reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República Ecuador tiene como objetivo afianzar la democracia, fortalecer el sistema electoral dentro del marco constitucional de Montecristi, mejorar los aspectos necesarios de la ley vigente y también, corregir ciertas falencias que solo han podido ser evidenciadas tras la aplicación de este código.

Un sistema menos complejo, con mayores garantías, que permita la accesibilidad ciudadana y la participación política son, entre otros principios, los que esta reforma trae consigo.

Esta reforma que se ha concebido en 76 artículos, hace referencia al sistema de elecciones, al número de asambleístas que se deberían elegir proporcionalmente en las circunscripciones del exterior, del acceso a los recursos económicos que el CNE entrega a las organizaciones políticas, a la modernización del sistema de escrutinios, al fortalecimiento de las organizaciones políticas locales, a la regulación de la escisión de organizaciones políticas nacionales, en fin, a varios temas que son trascendentes en una ley electoral y que, reitero, fortalecerán la democracia y el sistema democrático en nuestro país.

En mi intervención quiero profundizar en tres temas principalmente:

1.      La Institucionalización de los Consejos Consultivos de Organizaciones Políticas.

Que existan los Consejos Consultivos de Organizaciones Políticas es un buen síntoma para la democracia. Que las organizaciones políticas puedan generar insumos para mejorar el trabajo del CNE y ayudar a adecuar su funcionamiento es trascendental para un sistema democrático que demuestra su consolidación en el respeto de los valores democráticos y el fortalecimiento de los derechos políticos, pero si esto no se consolida y solidifica en una normativa clara que otorgue a este organismo sus funciones y objetivos con claridad, lo que tenemos son consejos de membrete con lo que no solo se afecta a  la democracia, sino que aún peor, esta puede verse burlada.

Para que esto no ocurra es importante institucionalizar la figura de los Consejos Consultivos, elevándolos a nivel legal, regulando el periodo de vigencia que ellos deben tener, los objetivos que deben cumplir, los niveles en loso que se deben organizar, además de adecuar su funcionamiento para que no sean simples enunciados sino que su labor tenga mayor peso al momento de generar propuestas en materia electoral y participación democrática.

Es importante, en este sentido, que puedan participar de los Consejos Consultivos por una parte las organizaciones políticas legalmente reconocidas y por otra las organizaciones de la sociedad civil que mediante mecanismos de participación ciudadana incidan de forma positiva en la política electoral, esto garantiza que la voz de la mayoría sea escuchada y así estos consejos generarán incidencia real en la democracia. 

2.      Regulación de la escisión de organizaciones políticas nacionales.

Para hablar sobre este tema empiezo citando al Dr. Rodrigo Borja quien al referirse al tema de la escisión en la Enciclopedia de la Política dice lo siguiente:

“El fenómeno de la escisión es muy frecuente en la vida política. Hay tal cúmulo de ideas e intereses divergentes en el seno de los entes políticos…  que su división no es un fenómeno raro sino extremadamente frecuente, sobre todo en una época en que el signo de los tiempos es la indisciplina y el personalismo. No queda institución alguna exenta del morbo de la división. Aun las tradicionalmente unitarias, como la Iglesia Católica o las fuerzas armadas, sufren los estragos de la indisciplina en sus filas. Con mayor razón entidades que, como los partidos, tienen en su interior un bullir permanente de ideas, teorías, intereses, puntos de vista disímiles en el marco de la unidad formal.

La escisión es la división de un partido o entidad política en dos partes relativamente iguales en tamaño, que dan lugar a dos nuevos partidos independientes y con frecuencia rivales entre sí.”

Y repito algo que ha sido dicho: “…la escisión es muy frecuente en la vida política… no es un fenómeno raro sino extremadamente frecuente”, y si esto es así, ¿por qué nuestra legislación no reconoce esta posibilidad?

De hecho, a mi criterio, que no se permita esta figura en nuestra legislación atenta contra la posibilidad de mantener vida jurídica y política a dos fragmentos de un mismo partido que han sufrido cambios y pretenden tomar rutas distintas.

Si trabajamos un poco en el ejercicio de la legislación comparada encontramos que países como Colombia, España, México reconocen la figura de la escisión, pero todas dentro de un marco normativo regulado anteriormente y que salvaguarda los derechos de las organizaciones políticas y sobre todo los derechos de las personas que conforman estos partidos y/o movimientos, en nuestro caso serían de los afiliados y/o adherentes. Por eso es importante, en el sentido de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, de los grupos políticos y profundizar en el fortalecimiento de la seguridad democrática, que nuestra legislación permita la escisión en las organizaciones políticas dentro de reglas claras como las que la comisión ha propuesto en el texto que se acompaña al presente informe.

3. El artículo 3 del proyecto, incluye al artículo 25 del Código vigente, que se refiere a las funciones del Consejo Nacional Electoral, un numeral en el que se suma a estas funciones:

"26. Propiciar, organizar, dirigir y formular debates entre los candidatos de elección popular.”

Sin embargo creo que la esencia de los debates y el legislar sobre ellos van más allá de convertirle al CNE en un organizador de debates, sino que está en la necesidad de que la ciudadanía escuche las propuestas de sus candidatos y las valores tras ser contrapuestas por lo que, a mi entender, si nos referimos a legislar sobre los “debates políticos”, nos referimos a normar para que estos se produzcan de manera obligatoria y que los candidatos no rehúsen a ellos y luego está el tema de que el CNE los organice, dirija y demás. Porque de nada sirve tener la norma por la que el CNE pueda propiciarlos y organizarlos, si no hay políticos para debatir, por lo que sugiero que el texto diga lo siguiente:

"26. Organizar y dirigir los debates entre los candidatos de elección popular quienes están obligados a participar de los mismos.”

Finalmente sostengo que esta reforma no se contrapone ni tampoco contraviene con la disposición constitucional prevista en el artículo 117 que dice en su inciso primero lo siguiente: “Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones”,

Cito esto porque ante la duda que puede generar la proximidad del proceso de consulta popular, debe quedar en claro que esta norma se refiere a los procesos de elección popular y nada tiene que ver en este sentido la consulta popular, esto me permite reiterar que esta reforma es viable en el tiempo porque no afecta al proceso democrático del 4 de febrero.

Comparto el link del video de mi intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional 08 de enero 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=Qc-YfgrbMjI&t=224s

Franklin Samaniego
Asambleísta por Pichincha Otros Movimientos

Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión De Justicia y Estructura del Estado | Independiente Visita Visita mi Perfil

 

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