Seminario Internacional Legislar para Proteger a la Niñez y Adolescencia

Lunes, 28 de mayo del 2018 - 16:58 Imprimir

Educar sin violencia, parecería que estamos todos de acuerdo en que los niños y las niñas deben desarrollarse en lugares donde se potencie su capacidad, donde su dulzura y alegría se conjugue con la seguridad de que estarán cuidados y protegidos. También estaremos de acuerdo en que se necesita siempre límites por lo tanto la disciplina positiva es posible y necesaria.

La Asamblea Nacional ha sido sumamente sensible en la legislación que luche contra todo tipo de violencia, tiene entre sus miembros dignos y dignas representantes defensores contra la violencia y discriminación contra las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios, y me complace ser el Coordinador del Grupo Parlamentario por la garantía de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes un grupo que consta de 55 miembros activos y que ha logrado en dos períodos que 56 leyes aprobadas por este pleno contengan la transversalización del enfoque generacional.

Durante los debates, encuentros, investigaciones, mesas interinstitucionales nos hemos visto avocados a que el fenómeno de la violencia tiene múltiples variables causales y de riesgo de la violencia. Las que más nos preocupa como legisladoras y legisladores es la violencia que se naturaliza, la que se considera aceptable y tolerable.Una de ellas es el uso de la violencia física a las niñas y niños en el hogar, en la escuela, en los espacios públicos, en los centros de adolescentes infractores, en los lugares de trabajo cuando el adolescente puede trabajar, y se considera que no es violencia porque se justifica que es un método de disciplina, una forma de crianza que hace bien al niño o a la niña para enseñar límites o modos de convivencia.

Lo único que ha demostrado el uso del castigo físico -aún el llamado leve- como golpes, chirlazos, nalgadas, etc, y la violencia psicológica a través de la humillación, es que produce en las niña y niños daños emocionales y físicos en su corteza cerebral. Es decir el daño es físico y permanente en un estado que se está desarrollando como ser humano. Lo señalan los informes de Naciones Unidas a través de representantes especiales, investigaciones regionales sobre los efectos del castigo corporal realizados por UNICEF a nivel latinoamericano, los informes mundiales que realizan diversos comités de Derechos Humanos del cual el Ecuador es suscriptor y por tanto obligado a su cumplimiento.

La legislación actual establece prohibiciones expresas de cualquier tipo de violencia, desde la Constitución de la República y el Código de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo no se señala la forma en que debemos entender la disciplina , la crianza positiva y la intervención estatal sobre el uso del castigo en las familias, la escuela, y otros espacios donde las niñas y niños comparten su tiempo con adultos.

Podrán decir que en el COIP establece las sanciones cuando existe violencia intrafamiliar o lesiones. Sin embargo el derecho penal está pensado para sancionar los hechos consumados, en muy pocos tipos penales se sanciona la tentativa. Por tanto no hay un enfoque preventivo, tampoco se señala con especificidad órdenes para que los padres tomen medidas re-educativas, o la forma específica en que debe restituirse el derecho de un niño que sufre castigos físicos. Se requiere entender desde una manera positiva y no solo sancionadora la erradicación del castigo corporal como un método de enseñar a los hijos a relacionarse con la sociedad y con sus propios padres. Si es intolerable que un adulto sea golpeado, con más razón un niño o niña que no puede defenderse y que muchas veces sus agresores con las personas que la sociedad les dice que son en quienes pueden confiar.

Las observaciones que realiza el Comité de la Convención de los Derechos del Niño señala que se requiere una legislación específica, no solo en lo penal o civil, incluso en el sector laboral, sistemas de cuidado, y de salud, para que quede claro que no hay un grado tolerable de uso de violencia física sobre los niños. Creemos que una cachetada, una patada no son nada, pero en realidad estamos afectando para siempre, no solo a la víctima de violencia sino a la sociedad entera, pues el uso de la violencia entonces si tiene justificaciones cuando es de los más fuertes a los más débiles, y que cualquier diferencia no se resuelve con el diálogo sino con el control. Que la enseñanza es dolorosa, y que lo importante es la obediencia sin reflexión. Les enseñamos a las niñas, niños y adolescentes que las personas que nos dicen amar tienen justificaciones para lastimar.

La protección con castigo es un mensaje muy peligroso a las generaciones actuales y venideras, y por eso la Asamblea Nacional debe reconocer que somos responsables de que el Estado eduque, asista, apoye a los padres en procesos de crianza con métodos y valores basados en los Derechos Humanos. Necesitamos una ley específica que tenga por objetivo dar cumplimiento a las recomendaciones de los distintos Comités de Derechos Humanos, visibilizar que hay formas de violencia que todavía están naturalizadas.

Los principales argumentos que presentó la anterior Comisión de Derechos Colectivos en su informe de archivo dice ser la falta de necesidad de una ley sobre este tema, porque no desarrolla derechos constitucionales, lo cual es errado en tanto la Constitución de la República en muchos de sus artículos señala que debemos establecer una cultura de paz, la erradicación de la violencia, el derecho a la dignidad humana, a la integridad física y el Principio de Interés Superior del Niño.

El desatinado informe de la comisión anterior dijo que no es necesario desarrollar instrumentos internacionales de Derechos Humanos como tratados contra la Tortura, sin embargo eso no opinan los comités de al menos tres convenciones que el Ecuador es suscriptor, tanto que países de la región ya tienen legislaciones específicas sobre la erradicación del castigo físico. También el informe dice que genera gasto público que se implemente un plan contra la erradicación del castigo corporal, pero se ha olvidado que La Asamblea Nacional ha aprobado varias leyes donde consta el diseño y aplicación de planes nacionales como es la propia ley de Tierras, la Ley de Telecomunicaciones, La Ley de Educación Intercultural, y que todos estamos sujetos como gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados al Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente es ilógico pensar que las leyes no tienen impacto presupuestario, en tanto la garantía de los derechos tiene un costo real en el presupuesto general del Estado.

El Seminario Internacional Legislar para Proteger a la Niñez y Adolescencia dirigido a Asambleístas, equipos de asesores y funcionarios del Estado fué diseñado para que tengamos elementos en común sobre las reales implicaciones del Principio de Interés Superior del Niño y aterrizarlo en la normativa de carácter orgánico.También este seminario llama a que nos comprometamos con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del sector social del Ejecutivo, la Función Judicial para un debate y socialización con responsabilidad.

Definitivamente es responsabilidad del Estado que se desarrollen materiales, programas y proyectos permanentes que promuevan las relaciones no violentas de atención parental, de educación, de servicios públicos dirigidos a niñas, niños y adolescentes.Si contamos con una ley que luche contra la cultura de la violencia como método de crianza, estaremos dando un mensaje fuerte de que ningún tipo de violencia es tolerable, y que siempre hay alternativas para la disciplina, más efectivas, más humanas. Hasta el momento, diez países de la región prohíben los castigos físicos y psicológicos al interior de las familias en legislaciones específicas. No existe una modulación de violencia tolerable, se requiere impulsar la armonización normativa para la prohibición explícita del castigo corporal, la eliminación de la tolerancia del castigo moderado en las legislaciones.Debemos expresar en la ley que el uso del castigo físico sobre niñas, niños y adolescentes no lo hacen familias patológicas o disfuncionales, sino que son acciones naturalizadas que la sociedad en general se resiste al cambio y aceptar que es un hecho intolerante.

Finalmente de la mano de un debate en la Asamblea sobre una norma específica del castigo corporal, necesitamos la ratificación del tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño en materia de comunicaciones, de tal forma que si se puede prevenir o cesar la vulneración de derechos también los organismos internacionales de Derechos Humanos puedan tomar acciones.

Franklin Samaniego
Asambleísta por Pichincha Otros Movimientos

Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión De Justicia y Estructura del Estado | Independiente Visita Visita mi Perfil

 

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