Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante

Miércoles, 23 de enero del 2019 - 11:29 Imprimir

I Debate del Proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y

Protección al Denunciante

Asambleísta Franklin Samaniego
15 de enero de 2019

Pueblo ecuatoriano…
Señora Presidenta…
Compañeras y compañeros asambleístas…
Luchar contra la corrupción es un deber primordial del Estado y una responsabilidad de las y los ecuatorianos como establecen respectivamente los artículos 3 y 83 de la Constitución de la República del Ecuador.  

Esa lucha debe ser contundente y consecuente en todos los sectores y en todos los espacios; no se puede tolerar la mentira, la demagogia, la negligencia, el entreguismo, los libretos de des-institucionalización inducida y mucho menos la TRAICIÓN…… ESA TRAICIÓN a todo el pueblo ecuatoriano.

Antes de analizar el Proyecto de Ley, deseo expresar mi solidaridad con todas y todos esos funcionarios públicos que se encuentran en pie de lucha en defensa de sus derechos laborales, como es el caso de las y los compañeros del ministerio de educación parte de esas “25 000 vacantes que fueron eliminadas” el 18 de diciembre del año pasado por el Gobierno que prefiere condonar 4200 millones de dólares beneficiando entre ellos a los 6 grupos económicos más grandes del país en detrimento de las economías más populares del patria. Eso…. eso….. es corrupción.

Compañeras y compañeros, un instrumento que debemos considerar en la discusión, es la Resolución PLE-CPPCS-022-26-11-2015 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pues en ese instrumento ya se define líneas de lucha contra la corrupción muy similares a las que se plantean en el Proyecto de Ley desde la sociedad civil en cumplimiento del deber constitucional de luchar contra la corrupción y sin generar sistema para penales.

El Proyecto de Ley materia de discusión tiene algunas disposiciones que merecen ser analizadas, pues ahora en tiempos de des-institucionalización de la República, la Asamblea Nacional debe mantener una posición digna y cumplir el rol que la historia le demanda al ser de las pocas funciones que NO se expresan por medio de encargados, sub-rogantes o transitorios.  

El Art. 1 del Proyecto de Ley determina como objeto cito “…definir acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y las y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía General del Estado para investigar delitos.”,
Al respecto hay que considerar que el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador establece lo que la doctrina conoce como titularidad de la acción penal misma que el modelo constitucional ecuatoriano asigna a la Fiscalía General del Estado entregando la acción exclusiva (reserva) de realizar la investigación pre-procesal y procesal penal ante presuntos delitos o frente a indicio de acciones penales. El crear procedimiento adicionales (para-penales y para-constitucionales) significa una vulneración al Principio Constitucional de Seguridad Jurídica establecido en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador y aquello constituiría un vicio de inconstitucionalidad por el fondo. Además este proyecto de Ley no constituye una Ley autónoma sino un Proyecto de Ley Reformatorio al COIP, a la LOGJCC a la LOSEP.
A eso hay que sumar que el presente artículo contradice directamente con el principio de reserva-unidad penal que desarrolla el COIP en el Art. 17, donde textualmente se prescribe: “Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas NO TENDRÁN VALIDEZ JURÍDICA ALGUNA, salvo en materia de niñez y adolescencia.”.

En el Art. 2, se pretende promover la existencia de delatores.
Al respecto existe una contradicción de sentido, pues “un delator” por acción u omisión estaría involucrado en el presunto ilícito y en ese caso tal como dispone el inciso final de la disposición no podrá acceder a los beneficios de la Ley, por tal motivo la institución jurídica de cooperación eficaz (Art. 491 COIP) es mucho más viable  pues es aplicable a quien estuviesen inmersos en el cometimiento de infracciones por acción u omisión. En tal virtud la propuesta del Art. 2 no es eficaz al momento de cumplir con el fin para el que se propone.

El Art. 3 de la propuesta, pretende reformar la Ley Orgánica de Servicio Público para que el servidor público que se convierta en informante, solo con la mera acción de entregar información (sin que aquella sea verificada) podrá acceder a algunos beneficios, entre ellos: a) el traslado administrativo provisional a otro puesto en las mismas condiciones b)  licencia con remuneración por el tiempo que la autoridad estime conveniente conservando su antigüedad; determinando que dichas medidas podrán ser impuestas por la o el Fiscal o por la autoridad judicial.
Es importante considerar que en la institución jurídica de cooperación eficaz se verifica la veracidad de la información para poder conceder los beneficios que establece el COIP. En la disposición analizada el simple estado de “informante” genera las condiciones para entregar beneficios, ante esa regulación abierta: ¿Qué pasaría una vez que se conceden los beneficios y la información NO RESULTE EFICAZ?

Franklin Samaniego
Asambleísta por Pichincha Otros Movimientos

Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión De Justicia y Estructura del Estado | Independiente Visita Visita mi Perfil

 

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