Proyecto de Recuperación de Capitales

Miércoles, 23 de enero del 2019 - 11:32 Imprimir

Primer Debate del Proyecto de Recuperación de Capitales

Sesión 553

Asambleísta Franklin Samaniego Maigua

23 de enero de 2019

Pueblo ecuatoriano

Compañeras y compañeros Asambleístas

Señora Presidenta

La lucha contra la corrupción es un deber y una tarea de todas y todos, es necesario que asumamos la práctica de lo correcto como una filosofía de vida, como una herramienta de transformación; y, como una y única forma de administración de lo público.

Es cierto que en esa cruzada por la transparencia, por la coherencia y por la verdad, se requieren todas las acciones tanto preventivas, de ejecución y de reparación posibles. Me parece que hemos avanzado bastante en lo que Luigi Ferrajoli denomina como garantías primarias pues si revisamos nuestra legislación, encontramos varias disposiciones positivas (de hacer) y negativas (de no hacer) en relación a la administración pública. Sin embargo, al parecer no hemos avanzado lo suficiente sobre las garantías secundarias, sobre aquellas garantías que se destinan a la reparación cuando existen violaciones a las garantías primarias.

Las garantías primarias y secundaría son interdependientes en los modelos de Estado de Derecho y mucho más en un modelo de Estado Constitucional de Derechos y Justicia como él nuestro; es decir, para cada derecho y obligación se diseña una garantía de reparación en casos de vulneración o incumplimiento. En ese contexto constituye una aporía o paradoja irresoluble que se creen garantías secundarías vulnerando garantías primarias.

El Proyecto de Ley que analizamos hoy, pretende lograr la Recuperación de Capitales, un objetivo que sin lugar a duda nos convoca a todas y todas, pues aunque existe la obligación constitucional y convencional de reparación en todos los casos, cuando se trata de afectaciones patrimoniales al Estado (es decir el dinero de tas y todos) reviste aun mayor importancia de la que convencionalmente se le agrega. Es por todas esas razones que el Proyecto de Ley requiere un análisis técnico y coherente, que no responda a la coyuntura… que no responda al populismo penal… que no responda al cálculo político ni a la política de grandes titulares cómplices de la demagogia.

El Proyecto de Ley cuenta con 18 artículos, 1) disposición general, 1) disposición transitoria y una disposición reformatoria, al respecto cabe señalar, lo siguiente:

El Art. 1 del Proyecto de Ley en apego al Manual de Técnica Legislativa que por efecto de la costumbre legislativa merece ser observado, consta con el epígrafe: “Ámbito y definición”, es decir una misma disposición se incorpora el ámbito y las definiciones de la Ley, al respecto para el análisis hay que considerar que en el Art. 2 el Proyecto de Ley refiere a epígrafe: “Aplicación”. En ese sentido, sería conveniente siguiendo el Manual de Técnica Legislativa que se haga 1) un Artículo determinando claramente el Ámbito de la Ley mismo que se confunde con las definiciones, 2) un Artículo independiente con las definiciones.

En el mismo Art. 1, es importante considerar que los numerales 1.1. “Delitos” y 1.2. “Recuperación de capitales” hacen referencia a esferas del derecho penal, disposiciones que entraría en contradicción con lo que en la doctrina se ha denominado reserva de la Ley Penal establecida en el Art. 17 del Código Orgánico Integral Penal donde se señala, cito: “Ámbito material de la Ley Penal.- Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. Es decir los procedimientos a los que se aluden en las disposiciones referidas por aplicación de este principio no tendrían validez jurídica alguna. En ese sentido se advierte que crear procedimiento para-penales constituye una vulneración el principio-garantía de seguridad jurídica establecido en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador.

El Art. 2 del Proyecto de Ley entrega la aplicación de la Ley de Recuperación de Capitales al Consejo de Participación Ciudadana, cuando aquella atribución no se encuentra establecida ni constitucional ni legalmente en el ordenamiento jurídico. Es decir, si analizamos el Art. 208 de la Constitución no exista tal atribución (recuperar capitales) y sus atribuciones siguiendo lo que determina el numeral 4) llegan hasta investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. Además, la constitución deja cláusula abierta para agregar atribuciones por vía legal, sin embargo en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no existe atribución sobre recuperar capitales. Ante esa anomia nuevamente se estaría vulnerando la seguridad Jurídica (Art. 82 de la CRE).

El capítulo III “De los Beneficios” de la Ley, requiere también ser analizado con profundidad.

Por ejemplo el Art. 7 hace referencia a los partícipes y determina en lo pertinente: “Quienes se acojan a las disposiciones de la presente Ley de manera voluntaria, tendrán beneficios con respecto al juzgamiento y aplicación de la Pena que correspondería por los delitos respectivos, de conformidad al COIP”. Es decir, se convierte en norma de remisión al COIP que se encuentra fuera del referido cuerpo normativo y nuevamente esta disposición entra en contradicción con el Art. 17 del COIP y el principio de reserva de Ley Penal.

El Art. 10 del Proyecto de Ley hace referencia a la Cooperación Eficaz y condiciona el acceso a la institución jurídica de Cooperación Eficaz establecida en el Art. 491 del COIP vigente a un Informe Sustentado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a una la certificación de la recuperación efectiva de los capitales; cuando en la actualidad es decisión del Fiscal (Art. 492) como titular de la Acción penal. En ese sentido, se vuelve a atentar contra el principio de reserva de Ley Penal que si lo aplicamos en sentido estricto haría ineficaz la disposición contenida en el Art. 10 del Proyecto de Ley.

El Art. 13 del Proyecto de Ley faculta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para acreditar equipos técnicos, con el fin de investigar, detectar, ubicar y recuperar capitales. A

Al respecto sirve remarca que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene atribuciones constitucionales ni legales para la recuperación de capitales como se determinó anteriormente.

El Art. 18 establece otra norma de remisión al COIP sobre la protección a los informantes que nuevamente vulnera el principio de Reserva de Ley Penal.

El Art. 3 del Proyecto de Ley, señala: “Los ciudadanos, individual y colectivamente, podrán intervenir en los procesos de recuperación de capitales ante el Consejo de Participación Ciudadana…”; en tal sentido el Art. 78 de la Constitución establece el principio-garantía de reparación integral de los sujetos pasivo de las infracciones penales y ese principio se ha desarrollado en varias disposiciones del Código Orgánico Integral Penal que como ya señalé goza de preminencia por el principio de Reserva de Ley Penal establecido en el Art. 17. En ese mismo sentido conectando el Art. 1 con el Art. 3 del Proyecto de Ley el

Finalmente la Disposición reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación ciudadana y Control Social, señala:

10. Garantizar y promover la participación ciudadana en procesos de recuperación de capitales…

Al respecto se recuerda que la institución jurídica de recuperación de capitales no está determinada como atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ni constitucional ni legalmente. Así que en todo se requiere agregar dicha reforma también.

En definitiva compañeras y compañeros, como puede notarse el Proyecto de Ley 1) crea un sistema para penal 2) intenta entregar atribuciones que constitucional y legalmente no las tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control como la atribución de recuperar capitales, 3) crea equipos ciudadanos técnicos a los cuales les faculta para participar de procesos de recuperación de capitales los cuales fácilmente podría convertirse en equipos de inquisición o persecución pues además toda su investigación es reservada lo que no da posibilidad alguna de ejercer derechos de contradicción.

Compañeras y compañeros el Proyecto de Ley requiere que sigamos profundizando en el análisis, en tal sentido exhorto a que este pleno lo realice de la manera más técnica posible para que las garantías secundarías no terminen contraponiéndose a las garantías primarias.

Franklin Samaniego
Asambleísta por Pichincha Otros Movimientos

Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión De Justicia y Estructura del Estado | Independiente Visita Visita mi Perfil

 

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